Salta tiene 126 mil viviendas sin cloacas y 77.000 sin servicio de agua. A nivel nacional, los porcentajes de población sin acceso a agua segura y saneamiento son más altos. Son casi 2 millones de hogares, más de 8 millones de argentinos, expuestos a toda clase de enfermedades de transmisión hídrica, según datos censales actualizados por el Indec.

Por eso llama la atención que el Gobierno haya pasado la guadaña a dos sensibles puntos de la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial. Uno es el artículo 241, que reconocía el acceso al agua potable como un “derecho fundamental” y obligaba al Estado a garantizarlo “a todos los habitantes”.

Esta garantía había sido establecida por la comisión de juristas que integraron el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Aída Kemelmajer, pero fue eliminada lisa y llanamente del proyecto que el Ejecutivo llevó al Congreso para su sanción.

La Casa Rosada, además, restringió garantías de protección del derecho ambiental que los juristas habían contemplado, fundamentalmente, para contrarrestar los usos irracionales y la contaminación del recurso cada vez más degradado y escaso.

En la Legislatura salteña

Referentes de la Comisión Bicameral que se conformó en el Congreso anunciaron una audiencia pública que se llevará a cabo, el próximo viernes 9, en la Legislatura de Salta. Allí, como ya ocurrió en otras provincias, se harán escuchar defensas y cuestionamientos sobre estas y otras materias de la reforma que guardan un alto interés social, aunque para mucha gente, que vive abrumada por necesidades y urgencias, puedan parecer ajenas o distantes.

Entre los institutos que más discusiones han generado están el matrimonio civil, las uniones convivenciales, el acuerdo prenupcial, la reproducción humana asistida, el régimen de adopción, el divorcio y las nuevas figuras familiares.

Naciones Unidas

Los puntos que fueron eliminados del texto que había redactado la comisión de juristas atendían, no a consideraciones caprichosas, sino a mandato de las Naciones Unidas, que el 28 de julio de 2010 declaró al agua como un derecho humano, un bien de la vida, al igual que al saneamiento. Un año antes, así lo habían reclamado decenas de naciones, con una declaración que firmaron 11 países iberoamericanos: Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

La ausencia de Argentina en esa lista se hizo todavía más notoria en el último Foro Mundial del Agua, que se desarrolló en marzo último en Marsella, Francia, con representantes de 130 países. En esa cumbre, en la cual también sesionó el Consejo Mundial del Agua, estuvo presente el titular de la Cátedra de Hidrogeología de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Rodolfo García.

El reconocido investigador salteño recordó ayer a El Tribuno el desafió central que pronunció la coordinadora americana, Maureen Ballestero, ante el plenario de Marsella: “Se debe garantizar el acceso al agua y al saneamiento para todos y el derecho humano al agua”, remarcó.

Argentina, a contrapelo

Científicos de diferentes universidades nacionales reclaman el restablecimiento de las garantías eliminadas del Código Civil y Comercial. Los planteos más tempranos surgieron de la Universidad Nacional de Rosario, donde docentes e investigadores advirtieron que el derecho de acceso al agua potable y al saneamiento obliga a la protección, el racional y solidario aprovechamiento, la preservación y recuperación de los recursos hídricos, como también a asegurar un adecuado tratamiento y destino final de residuos sólidos y efluentes de origen doméstico e industrial, patógenos, agroquímicos y funguicidas, entre otros.

Por falta de agua potable y de saneamiento, mueren cada día en el mundo 3.900 chicos. Salta y el país no son ajenos a esta dramática realidad. En la provincia, hospitales y centros de salud atienden cada año a más de 140.000 pacientes por diarreas y otras enfermedades de transmisión hídrica.

Las demandas por
contaminación cloacal

La eliminación de las garantías que la comisión de juristas había puesto en el proyecto del Código Civil y Comercial, va en línea con los criterios que llevaron a la Justicia local a desestimar la demanda que se presentó, en octubre de 2010, contra Aguas del Norte por la contaminación de ríos con efluentes cloacales.

El usuario que interpuso el amparo, Carlos Quevedo, hizo reservas para llevar el caso a la Corte Suprema, cuyo presidente, Ricardo Lorenzetti, integró la citada comisión de juristas y es un juez con firmes posturas en materia de derecho ambiental .

El eje principal de esta demanda pasa por el deficiente estado de mantenimiento y operación de las plantas depuradoras que la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (Cosaysa) tiene a su cargo en las 25 localidades de la provincia con servicio cloacal.

En la causa, patrocinada por el abogado Humberto Vázquez, Quevedo presentó documentación oficial, filmaciones y fotografías con las que acreditó un deplorable estado de funcionamiento de esas plantas en la capital y el interior, con consiguientes descargas directas de cloacas (by pass) sobre diferentes cursos hídricos.

Tras analizar los antecedentes, la fiscal Violeta Herrero pidió al juez del amparo, Luis Gutiérrez, que ordene a Cosaysa, la empresa estatal más conocida como Aguas del Norte, detener esas descargas crudas a las que se atribuyeron serios daños en la salud poblacional, en base a informes oficiales. El magistrado, no obstante, desestimó el amparo y la Corte salteña confirmó la resolución.

La demanda que Quevedo se dispone a llevar a la Corte Suprema no sería la única con Aguas del Norte.

La Red Solidaria de Ciudadanos en Defensa de sus Derechos (Red Sol Salta) dará a conocer la semana entrante los lineamientos de las acciones judiciales que iniciará contra funcionarios de la Provincia por iguales causas. Así lo señaló a este diario la presidenta de Red Sol Salta, María Elena Jiménez.