El fiscal José María Campagnoli, uno de los tres jueces de la Cámara del Crimen a cargo del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, sostuvo que Enrique Alfonso Severo, el exempleado ferroviario que fue secuestrado a punta de pistola antes de declarar, habría sido víctima de una operación de agentes de la Secretaría de Inteligencia.
Sin embargo, los argumentos no convencieron, y los camaristas decidieron que el caso vaya a un juzgado de garantías de Lomas de Zamora, departamento judicial donde ocurrió el secuestro.

El fiscal presumió lo mencionado debido a que en el momento y en el lugar que ocurrió el secuestro, un teléfono de una agente de la SIDE se activó. Estos datos figuran en la sentencia de la Cámara del Crimen que decidió que la causa se investigue en la provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos

Fuentes de la Procuración, presidida por Alejandra Gils Carbó, dijeron que ni ellos ni la fiscalía iban a dar información porque el asunto aún puede ser objeto de apelación. En las más de 1500 páginas que acumula la causa, no obstante, se recogieron indicios que para la fiscalía alimente esta línea de investigación.

Severo, un exgerente de Ferrobaires que previamente había denunciado que habían baleado su casa de Avellaneda, fue secuestrado la medianoche del 4 de octubre pasado, horas antes de que declarara como testigo en el juicio por el caso Ferreyra.

Esa noche salió con su Renault Clío negro de su casa de Anatole France 1043 a ver a su nieto a pocas cuadras, pero a poco de andar -según su relato- se le apareció una motocicleta roja y el conductor, mientras manejaba con una mano, le apuntó con un arma. Lo hizo detener y bajar, le pegó en la cabeza y lo introdujo en una camioneta tipo furgón, donde estuvo cautivo 22 horas.

Durante su detención, según relató, le dijeron: “¡Viste gil! ¡Tenés familia! ¡Qué tenés que declarar... puto... que venga la conchuda a defenderte!”, en referencia -según dijo el testigo- a la Presidente Cristina Kirchner. Lo liberaron a las 22.10 de ese día en las calles Clemenceau y Mariano Acosta, donde un empleado de Diario Popular lo auxilió.

Indicios

En su investigación, Campagnoli reunió indicios que le permitieron conjeturar que la Secretaría de Inteligencia monitoreó o incluso realizó el secuestro. Se basó en una serie de comunicaciones que se hicieron en la zona del secuestro a esa hora, de acuerdo con lo captado por las antenas de telefonía celular, pero se desconoce el contenido de esas llamadas.

El fiscal identificó así un teléfono que operó en al zona de un sospechoso de apodo Perico y de otro de apellido Raitano, que según la información que le aportaron “altos mandos de la policía de la provincia de Buenos Aires” era un agente de la Secretaría de Inteligencia.

Además, las mismas fuentes de la policía de la provincia le indicaron al fiscal que el día del secuestro hubo reunión en la Presidencia, donde se habló de Severo, y esa información vinculaba la desaparición del testigo con la necesidad de opacar en los medios el malestar que se había generado por la protesta que estaban llevando adelante gendarmes y efectivos de la Prefectura Naval porque les habían reducido sus salarios.

Cuando el fiscal Campagnoli expuso en una audiencia en la Cámara del Crimen estos argumentos, los camaristas no le dieron entidad. Los jueces Marcelo Lucini y Ricardo Pinto escribieron que los elementos del fiscal con “conjeturales” y que no existe prueba “clara y precisa” que corrobore la hipótesis de que la planificación y el control del episodio hayan sido realizados en la ciudad de Buenos Aires.

Su colega Mario Filosof fue más duro: dijo que la teoría de Campagnoli no “aparece sostenible en sustancia” con las pruebas presentes y que se trata de inferencias “vacías de significado probatorio real”. Incluso entendió que de confirmarse esta hipótesis de la fiscalía la causa debería investigarse en el fuero federal. Con estos argumentos, los tres jueces decidieron que la causa pase a un juez de garantías de Lomas de Zamora.