Las reformas que se introducirán a la ley orgánica de la Justicia Penal, para adecuar esta norma al nuevo Código Procesal Penal, fueron analizadas ayer por jueces de primera y segunda instancia.

Las reuniones fueron encabezadas por el titular del Poder Judicial, Guillermo Posadas.

También participaron los jueces de la Corte Guillermo Catalano y Abel Cornejo, quienes junto a Posadas integran la comisión que elabora la reforma de la ley orgánica penal.

Los jueces en lo Correccional y de Garantías, de Instrucción Formal y los miembros de las cámaras en lo Criminal intercambiaron ideas sobre el anteproyecto.

Hoy se realizará una reunión similar con miembros de las tres salas que integran la Cámara de Acusación.

El anteproyecto para adecuar la ley orgánica de la Justicia Penal al nuevo Código Procesal Penal fue elaborado por la comisión que también integran Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador, y Jorge Ovejero, como representantes del Ejecutivo.

La reforma será enviado a la Legislatura, donde las cámaras deberán aprobarla con el voto de los dos tercios de los miembros por tratarse de una ley de escalón intermedio entre la norma constitucional y las leyes ordinarias.

El nuevo Código Procesal Penal comenzará a regir en el Distrito Judicial Centro en junio. Por un año, a partir de la vigencia, todas las actuaciones por delitos que tengan pena máxima de seis años de prisión serán asignadas a los actuales fiscales correccionales.

Estos harán la investigación preparatoria con intervención como jueces de garantías de cuatro de los actuales jueces correccionales y de garantías, los que serán elegidos por sorteo.

Estos se transformarán en jueces de garantías, con las competencias que les asigna el nuevo Código Procesal Penal establecido en la ley 7711, sancionada en diciembre pasado y promulgada por el Ejecutivo en la primera semana de enero de este año.