Una especie de nacionalismo puro se puede ver tanto en España como en Argentina, luego de conocerse la expropiación sobre las acciones de Repsol. Más del 90% de la gente salió a apoyar la estatización de YPF en el país y un porcentaje similar en España criticó duramente la decisión de la presidenta Cristina Fernández.

La aceptación de la mayoría de la gente a la medida da un respiro al Gobierno porque el año empezó con el drama ferroviario en Once, curiosamente también por la doble falta: de controles y de inversión.

Entonces: ¿quién controla las empresas que desde hace años realizan grandes negocios con el Estado?

Inclusive a costa de numerosos muertos. ¿Quién supervisa las inversiones?

¿Quién no se dio cuenta de que en 2003 la importación de energía ascendía a US$ 550 millones y hoy representa US$ 9.397 millones de dólares? ¿Ya adivinó? Si pensó en Julio de Vido, acertó.

El mismo que ahora será interventor de la nueva YPF, aunque al hablar de la “vieja” YPF se alternan caras conocidas, que a lo largo del tiempo tuvieron el mayor protagonismo y concentraron también el poder de decisión.

La privatización

Según consta en el Diario de Sesiones, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el plenario del 24 de septiembre de 1992, aprobó la ley de privatización de YPF.

Mientras la contundencia de los privatizadores, bajo la controvertida necesidad de desregular el mercado, desarmaba los cada vez más débiles argumentos de los opositores, Oscar Parrilli (por aquel entonces diputado nacional por Neuquén) aplaudía.

El hoy secretario general de la Presidencia fue miembro informante de aquellas sesiones. Durante el debate, sostuvo: “No pedimos perdón por lo que estamos haciendo (...) esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente”.

Un año después, en un libro titulado “Cuatro años en el Congreso de la Nación, 1989-1993”, Parrilli se jactó de haber impulsado la privatización: “Hoy YPF es la gran empresa petrolera privada nacional, que domina más de la mitad del mercado de los combustibles”.

Los antiguos roles

Sin embargo, los personajes se repiten, aunque ninguno parece recordar su participación en los momentos claves de la primera privatización.

En aquellos lejanos días, Carlos Menem quería sancionar la ley de privatización de YPF, pero no podía. No tenía en el Congreso los votos necesarios (los que hoy sobran) y aparte de la abierta negativa de la UCR, enfrentaba resistencias dentro del propio PJ. De acuerdo con publicaciones de la fecha el recordado Néstor Kirchner ofreció la solución: él había asumido el 21 de agosto de aquel año la presidencia de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), que agrupaba a las provincias petroleras. Si la privatización era reclamada de modo unánime por la OFEPHI -argumentó Kirchner- se vencería muchas resistencias. Pero, había ciertas condiciones, que ni entre propios peronistas se perdonaban.

La Nación debía pagar sumas multimillonarias que las provincias reclamaban por regalías mal liquidadas. Y el 30 de agosto de 1991, Menem, con sus ministros Domingo Cavallo y José Luis Manzano, habían suscrito una curiosa “conciliación” con la provincia de Santa Cruz.

En ella, la Nación reconocía una deuda de 480 millones de dólares, pero quedaba sujeta a la sanción de la ley de privatización de YPF.

Decía, con todas las letras, una cláusula del acuerdo: “Quedará sin valor y efecto alguno, y no podrá ser invocado como antecedente de ninguna especie”.

Los fondos viajeros

Según un informe de José Picón, presidente del Centro de Jubilados de YPF, el “acta acuerdo” por la venta de la empresa (dos meses después de sancionada la ley), mediante la cual se fijó la suma que correspondía a Santa Cruz, fue firmada por Cavallo, Manzano, Kirchner y De Vido.
En definitiva, la Provincia recibió, en 1993, US$ 654 millones. Con ellos, adquirió acciones de YPF, que le significaron un gran negocio: las compró en US$ 290 millones y, seis años más tarde, las vendió por US$ 670 millones con una significativa diferencia de unos US$ 380 millones, convertidos luego en un importante ahorro provincial. Aunque después, aparentemente, esta ganancia se perdió en el laberinto financiero de los grandes bancos.
Cabe destacar que nunca hubo restitución ni una adecuada rendición de cuentas, e incluso la Justicia se desentendió del tema. Guillermo Montenegro -ex juez federal designado por Kirchner- se declaró incompetente y remitió la causa a la Provincia.
 

Argumentos presidenciales

La noche de la votación del 24 de septiembre de 1992, el cómputo terminó con 120 diputados a favor de la privatización de YPF contra 10 en contra, la mayoría de partidos provinciales y sin la participación del radicalismo y otros bloques que se retiraron del recinto. Una semana antes, la entonces diputada de Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner, había denunciado y amenazado públicamente a los legisladores nacionales que se negaban a privatizar diciendo: “Un conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación, cada uno con sus respectivas razones, viene obstruyendo la posibilidad de que aquella ley de federalización de hidrocarburos y de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tenga siquiera su tratamiento en esa cámara. Como se comprenderá, ninguna argucia reglamentaria debe estar puesta al servicio de retrasar las soluciones que nuestra provincia necesita. Del dictado de esa ley depende hoy el envío de los US$ 480 millones y el pago de nuestra parte en la licitación de las áreas ya concretada”.
La ley, que no llevaba un marco regulatorio y transformaba YPF en una sociedad anónima, transfería los yacimientos a las provincias, vendía los activos y acordaba como prenda de intercambio el pago de regalías a las provincias productoras.