En la Argentina ir a votar es obligatorio y, hasta ahora, el elector que no se presentaba a sufragar recibía como castigo no poder realizar gestiones o trámites durante un año ante organismos nacionales, provinciales o municipales. A título ilustrativo, no podrá obtener o actualizar su pasaporte. El incumplimiento también lo inhabilita para ser designado en funciones o empleos públicos durante 3 años a partir de la elección.

La nueva ley que presentó el Poder Ejecutivo Nacional, además, prevé una multa de 500 pesos para aquel que no justifique como corresponde el no sufragio. Si el elector tampoco paga la multa, entonces quedará inhibido de realizar, por un año, cualquier tipo de trámite o gestión en dependencias públicas nacionales, provinciales o municipales.

A esto hay que agregarle, entre otros cambios, que el elector podrá sufragar con la cédula plástica de identificación personal que en el futuro irá reemplazando al DNI en formato libreta. En la actualidad, el presidente de mesa es el que da fe del voto emitido con su sello y firma. Lo que se desea instrumentar son los troqueles (el elector vota y se lleva un troquel a manera de constancia), pero la decisión final se tomará más adelante, cuando el Poder Ejecutivo reglamente la futura ley.

Esta imprecisión es cuestionada tanto por la oposición como por la Cámara Nacional Electoral, contrarios a que el nuevo sistema sea fijado arbitrariamente por el Gobierno.

Los opositores también apuntan a otro ítem polémico del proyecto: el que prohibe que de ahora en más los fiscales partidarios puedan votar en la mesa que les fue asignada por su partido político para controlar el escrutinio.

La futura ley, de aprobarse, obligará a los fiscales a votar sólo en la mesa donde están empadronados. Los opositores advierten que esta limitación dificultará la tarea de control de los partidos más pequeños, que no cuentan con tantos fiscales. Todos los bloques opositores rechazan de plano esto, y proponen impulsar la boleta única. Otra de las cosas que se intentará impulsar es el voto electrónico que, como ocurriera en Salta, dio muchos resultados, aunque en este ítem es el Gobierno el que está en contra.