Se intensificó el debate. Tras una álgida discusión que incluyó a toda una sociedad, el Senado de Connecticut aprobó ayer la abolición de la pena de muerte en ese estado del noreste de Estados Unidos, lo que lo acercó a los otros cuatro estados que han renunciado en el país al máximo castigo en los últimos cinco años.

Si bien la medida debe ser aprobada todavía en la Cámara de Representantes del estado, de acuerdo con los transcendidos, se espera que tenga apoyo mayoritario, y el gobernador, el demócrata Dannel Malloy, ha indicado que la promulgará en cuanto le llegue a su despacho.

Además de Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York e Illinois, que ya han repudiado la pena capital, los votantes en California tendrán la oportunidad de pronunciarse al respecto en noviembre.

La pena capital ha existido en Connecticut desde la época colonial, pero el estado debió revisar sus leyes sobre la pena de muerte a partir de 1972, cuando una decisión del Tribunal Supremo estadounidense requirió más coherencia en su aplicación.

La moratoria impuesta entonces duró cuatro años hasta que el Tribunal Supremo validó la constitucionalidad de la pena de muerte.

Desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos, en 1976, han sido ejecutadas más de 1.280 personas en los 34 estados donde se aplica esa condena.

Y desde 1976 los jurados de Connecticut han dictado quince sentencias de muerte, de las cuales solo una se ha ejecutado, la de Michael Ross, condenado por varios homicidios y quien recibió inyecciones letales en 2005, después de que renunciara a apelar el fallo condenatorio.

El debate en Puerto Rico

En este marco de discusión, el Gobierno de Estados Unidos insiste en aplicar la pena capital en Puerto Rico, asignando a la fiscal Jacabed Rodríguez para que acuda a la isla en abril con el fin de encabezar el proceso de selección del jurado en el caso certificado bajo el estatuto de pena de muerte contra Edison Montes. El comienzo del juicio está pautado para el próximo lunes. Para octubre el caso contra Lashaun Casey también está certificado como de pena de muerte.

Por su parte, el presidente de la Comisión Contra la Pena de Muerte del Colegio de Abogados, licenciado Kevin Rivera, y el presidente de la Junta de Directores de Amnistía Internacional de Puerto Rico, licenciado Osvaldo Burgos, hicieron comentarios en el sentido de que se ha visto que los fiscales federales en la isla no están muy inclinados a certificar casos de pena de muerte, razón por la cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos enviará a la fiscal Rodríguez a asistir en el proceso de selección del jurado en el caso de Burgos Montes.