La Justicia consideró que el Estado nacional no es responsable por el saqueo que sufrió una tradicional casa de ropa masculina durante los disturbios del 20 de diciembre de 2001, que precedieron a la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.

“Si bien la función de la Policía Federal es la de velar por la seguridad pública y prevenir ilícitos, tal responsabilidad no puede llevarse al extremo de culparlo por cuanto delito se cometa en el ámbito público. No resulta razonable considerar que la obligación del Estado en orden a brindar seguridad pública implique exigirle que garantice la ausencia de delitos”, sostiene el fallo.

El reclamo había sido planteado por la firma Cervantes SA por los daños producidos en el local de la calle Corrientes 920, planta baja y primer piso, el 20 de diciembre de 2001 “como consecuencia de los desmanes cometidos por varios grupos de manifestantes que culminaron con la destrucción total de la mercadería e instalaciones”.

La Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal consideró que “si bien los actos vandálicos perpetrados se llevaron a cabo en el marco general de disturbios, saqueos y demás hechos de violencia que signaron las jornadas del 20 y 21 de diciembre de 2001, ello no resulta suficiente para atribuir responsabilidad al Estado nacional por los perjuicios experimentados”.