Las causas por delitos de lesa humanidad que se ventilan en Salta, determinaron que los diferentes cuadros de la Policía de la provincia, como subordinada del Ejército, tuvieron activa participación en la represión ilegal durante la última dictadura militar. De acuerdo con la investigación realizada por la Justicia Federal, el máximo exponente del aparato represivo fue el comisario general Joaquín Guil, quien hasta el momento cuenta en su haber con dos condenas a perpetua por la “masacre de Palomitas” y por el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone.

Guil era el líder de lo que se conoció como “la banda de los comisarios”. El entonces hombre fuerte de la Policía local está de nuevo en el banquillo de los acusados en la denominada “Causa de la UNSa” que se inició el lunes pasado en esta ciudad, pero no está solo. Lo acompañan algunos de esos comisarios y otros subalternos que condujo con mano de hierro desde su estratégico cargo de Director de Seguridad. Uno de ellos es Julio Oscar Correa (72 años), acusado del secuestro y desaparición de Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo, de 17 años y Norberto Guerrero, de 20, ocurridos en la ciudad de General Güemes.

El primero fue secuestrado desde su domicilio en horas de la madrugada, el 31 de mayo de 1976, por un grupo de 7 personas armadas, con sus rostros cubiertos, que usaban lentes y pelucas. Lo sacaron de su dormitorio, profiriendo amenazas y lo introdujeron en un automóvil, sin conocerse nunca más sobre su paradero. El adolescente era amigo de Guerrero, quien al momento de los hechos hacía el servicio militar y se sospecha que ese fue el único motivo por el que ordenaron su eliminación.

La madre de Guerrero relató que el día antes, en la noche, tres sujetos de civil, lo detuvieron de su casa y que a partir de entonces nada más supo de él. “Lo expuesto permite concluir que Correa en su carácter de máxima autoridad policial de Güemes, en el momento en que sucedieron los hechos, debe responder por los trágicos sucesos que estaban íntimamente vinculados a la represión ilegal”, sostiene el fiscal Ricardo Toranzos en el acta de elevación a juicio.

Además, Correa está acusado del secuestro y desaparición de Francisca D. Torres y Carmen Berta Torres, también en Güemes. Francisca fue llevada desde su lugar de trabajo en la Municipalidad local por siete sujetos armados con ametralladora, el 9 de marzo de 1976, y nunca más se tuvieron noticias de su paradero. En tanto que a Carmen Berta Torres la raptaron desde su domicilio en calle Gobelli 775. Desde ese día, tampoco se sabe nada de ella.

Abel Vicente Murúa otro “peso pesado” de la banda de comisarios, debe responder por la desaparición del matrimonio integrado por Juan Carlos Parada de Mallo y Marta Beatriz Cascella, integrantes de la JP. El hombre fue detenido el 17 de marzo de 1978 por personal policial a cargo de Murúa desde un taller mecánico, en la calle Alvear 70. Se probó que Cascella, mientras realizaba diligencias para saber cuál era el destino de su marido, desapareció el 29 de marzo cuando concurrió a la Central de Policía. Murúa también está imputado, junto a su medio hermano, Juan Manuel Ovalle, del secuestro y desaparición de la docente de la UNSa, Silvia B. Aramayo.