El diario español El Mundo indicó, en base a un cable de la agencia Europe Press, que los equipos jurídicos de Repsol se preparan para poner en marcha su ofensiva legal en contra la Argentina por la expropiación de sus acciones en YPF.

Indican que luego de aprobarse en el Congreso la ley que declara a YPF de utilidad pública y expropia el 51% de sus acciones, la compañía denunciará a la Argentina ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de Washington.

Allí, los representantes legales de Repsol apelarán al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1991 entre la Argentina y España.

En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal.

El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no solo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados.

Para Repsol, el justiprecio por su 51% de YPF asciende a 10.500 millones de dólares, si bien el Gobierno argentino ha sugerido que no pagará esta cifra esgrimiendo argumentos relacionados con la deuda de la petrolera argentina, sus costes ambientales o el flujo de dividendos ya pagado.