El Senado recibió el proyecto de unificación y reforma de los códigos Civil y Comercial que, de aprobarse en las términos concebidos en la iniciativa oficial, producirá profundos cambios en la concepción actual del matrimonio, el divorcio, la adopción, la reproducción asistida y los derechos de los usuarios.

En ese marco, el senador socialista Rubén Giustiniani estimó ayer que el tema será debatido en la Cámara Alta “antes de fin de año”, después de ser aprobado por una comisión bicameral.
El Código Civil y Comercial, enviado por el Poder Ejecutivo, tiene 2.671 artículos que reemplazarán a los más de 4.000 del Civil vigente y los 506 del Comercial, fue elaborado por una comisión que reunió a cien juristas y debatió las reformas durante más de un año.

El anuncio del envío al Congreso de la compilación fue realizado el 27 de abril por la presidenta Cristina Fernández durante un acto en la Casa de Gobierno del que participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y otros ministros del máximo tribunal. La propuesta enviada al Parlamento
incorpora al Código Civil la figura del matrimonio igualitario y elude mencionar a un varón y una mujer como los participantes de la unión.

La iniciativa establece que los integrantes de matrimonio entre personas de un mismo sexo deben recibir igual tratamiento sobre sus derechos que las parejas heterosexuales, en asuntos sobre adopción, fertilización y “sustitución de vientre”.

Prevé la posibilidad de que los contrayentes puedan celebrar acuerdos para mantener separados sus bienes y establece que los convenios solo se relacionarán con el contenido patrimonial y tendrán límites.
La norma reconoce derechos de asistencia y protección de la vivienda para las parejas que convivan dos años o más, y define como “unión convivencial” a una “relación afectiva, de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de vida común”, sean del mismo o de diferente sexo.

Sobre el divorcio, prevé una simplificación de los trámites y ya no hará falta un común acuerdo. Establece que para hacerse efectivo basta que uno de los cónyuges quiera disolver el vínculo y ya no será necesario decirle al juez el motivo de la separación y tampoco esperar tres años. El texto prevé que las causas de la disolución no serán discutidas y, en cambio, será necesario que los solicitantes presenten una propuesta de solución para el futuro régimen de alimentos, tenencia de los hijos y división de bienes. El documento, que deberá ser analizado por una comisión bicameral, establece un trámite simplificado y más ágil para quienes quieran adoptar niños.