Fue un juicio histórico y de alto impacto para la sociedad. El represor Jorge Rafael Videla fue condenado ayer a 50 años de prisión por la ejecución de un plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura militar, un delito que no se ha registrado en otros regímenes de facto de América Latina.

La sentencia fue dictada por un tribunal oral de la Capital Federal que desde febrero de 2011 llevó adelante un juicio contra Videla, el expresidente de facto Reynaldo Bignone y otros nueve acusados por el robo 34 bebés nacidos de mujeres cautivas entre 1976-1983. Bignone recibió una pena de 15 años de prisión.

Este proceso ha sido inédito, ya que por primera vez la Justicia consideró que la apropiación ilegal de menores no fue un hecho aislado, sino una política elaborada y aplicada por la cúpula de las Fuerzas Armadas como parte de una estrategia más amplia de represión ilegal en la década de 1970.

Los organismos de derechos humanos han denunciado la desaparición de 30 mil personas durante el régimen de facto -los registros oficiales dan cuenta de una cifra menor- entre ellas muchas embarazadas que dieron a luz en cautiverio. En general los bebés eran entregados a militares u allegados, quienes los inscribían con su apellido y una fecha de nacimiento falsa para borrar todo rastro de su origen.

Según las Abuelas de Plaza de Mayo, unos 500 niños nacieron en cautiverio o fueron secuestrados con sus padres, de los cuales la organización humanitaria ha restituido la identidad a 106.

Videla, de 86 años, recibió la máxima pena prevista por la legislación argentina como autor penalmente responsable de 20 casos de sustracción, retención y ocultación de un menor. El represor negó en su alegato final la existencia de un plan sistemático de robo de bebés nacidos de mujeres cautivas y calificó a las parturientas como combatientes que usaron a sus hijos embrionarios de “escudos humanos” en la lucha armada. Junto a Bignone, de 84 años, cumplen condenas a cadena perpetua por otros crímenes de lesa humanidad en una cárcel común pese a superar los 70 años de edad, lo que de acuerdo con la ley argentina les permitiría gozar del beneficio de la prisión domiciliaria si algún juez así lo decide. Después de Videla, la condena más alta fue para el exalmirante Antonio Vañek, quien deberá cumplir 40 años de prisión.
 
También fueron condenados el exmarino Jorge Acosta (30 años de cárcel); el exgeneral Santiago Omar Riveros (20 años); el exprefecto naval Juan Antonio Azic (14 años) y el médico Jorge Magnacco (10 años). El excapitán Víctor Gallo y su mujer Susana Colombo, apropiadores del hijo de una militante de izquierda, recibieron penas de 15 y cinco años de cárcel, respectivamente. En tanto, el exalmirante Rubén Omar Franco y el exagente de Inteligencia Eduardo Ruffo fueron absueltos. Los fundamentos de la sentencia serán difundidos el 17 de septiembre, dijo la presidenta del tribunal, María del Carmen Roqueta. Los acusados de crímenes de lesa humanidad aún mantienen silencio sobre la cifra y el lugar donde están enterradas las víctimas de la represión.