La Comisión Permanente del Episcopado inició ayer su segundo encuentro del año en el que analizará la próxima reforma del Código Civil, que los obispos ven con preocupación porque deja “los derechos de los adultos por encima de los que tienen los chicos”.

“La preocupación de la Iglesia apunta a la protección de la familia y de la vida por nacer así como a los chicos. Vemos que en esta reforma, los derechos de los adultos están por encima de los derechos de los chicos”, enfatizó el vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld.

El religioso recordó que en abril pasado los obispos de todo el país emitieron un documento crítico de la reforma impulsada por el Gobierno nacional con el aval de la Corte Suprema.

Oesterheld destacó que el equipo de Pastoral de la Vida del Episcopado “participa de las convocatorias” que realizan los legisladores que tratarán el Código. En esos encuentros plantearán la posición de la Iglesia.

Por otra parte, estimó además que en la reunión de la Comisión Permanente los prelados encabezados por el presidente del Episcopado, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, también estará en análisis “seguramente” las cifras de pobreza, indigencia y empleo difundidas por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica.

Señaló que “muchos de esos índices” a los obispos “les preocupan”, por lo que evaluó que ese tema también estará presente en sus intercambios.

En forma paralela, no descartó que se analice “el problema de los colegios parroquiales” que ahora verán disminuir los subsidios que reciben en la provincia de Buenos Aires y evaluó que los recortes no deben afectar a la educación.

Cabe destacar que los obispos también volverán a analizar sus posibles implicancias en “el ordenamiento jurídico de la sociedad”.

En abril, el Episcopado criticó en un documento los cambios relativos a la fecundación asistida, el uso de embriones, el alquiler de vientres y el divorcio simplificado o “express”.

La veintena de obispos también evaluará la decisión del gobernador bonaerense Daniel Scioli de recortar los aportes a los colegios privados, en medio de la pelea con la Nación por el suministro de fondos federales.

Los prelados provinciales ya expresaron “preocupación” ante la posibilidad de que la medida obligue a muchos establecimientos educativos confesionales a cerrar sus puertas, sobre todo aquellos de menores recursos.

En ese espacio, el vicepresidente del Episcopado, monseñor Virginio Bressanelli, informará a sus pares sobre la polémica que se suscitó en la provincia de Neuquén a raíz del reclamo de un fiscal que exige se aplique la ley de muerte digna a un hombre de 45 años en estado vegetativo desde 1994. El prelado neuquino se opuso al pedido judicial bajo el argumento de que el hombre podría ser víctima de “eutanasia pasiva” y demandó a las autoridades que “no lo abandonen y se respete la vida”.