Día de furia en Córdoba. La pelea entre los gobiernos nacionales y provinciales por los fondos jubilatorios tuvo ayer su pico máximo con una protesta de estatales que terminó en una violenta represión policial. Un total de 26 personas resultaron heridas, mientras que otras cuatro fueron detenidas a raíz de los graves incidentes que se produjeron en las cercanías de los Tribunales de Córdoba, durante una protesta de estatales contra la reforma jubilatoria impulsada por el gobernador José Manuel de la Sota.

Lo cierto es que en medio de la marcha, la Policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes, que respondieron la reacción policial con piedras y bombas de estruendo.

Según fuentes preliminares del Gobierno provincial, los daños alcanzarían a 150.000 pesos. Solo en la sede municipal, donde se rompieron unos 25 vidrios, los destrozos llegarían a unos 90.000 pesos.

La protesta de dio en el marco de una huelga docente con alto acatamiento y en donde además hubo medidas de fuerza en reparticiones públicas provinciales y municipales.

Según se informó de los heridos, 15 trabajadores sufrieron lesiones al recibir postas de goma durante la refriega, mientras 11 uniformados resultaron heridos y fueron atendidos en el Policlínico Policial.

Los desmanes comenzaron cuando los dirigentes gremiales se encontraban en el Palacio de Tribunales presentando un pedido de inconstitucionalidad del ajuste previsional. Mientras se efectuaba la reunión, afuera empezó la confrontación.

Dentro de la presentación, los sindicalistas rechazan los aportes jubilatorios de los estatales cordobeses, que llegan al 18%, mientras que a los trabajadores que aportan a la Anses sólo se les descuenta el 11 %.

El ajuste delasotista

Cabe destacar que el conflicto se inició el 8 de agosto cuando De la Sota, con el argumento de que la Anses no transfiere los fondos de convenios para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, presentó en la Legislatura el proyecto de ajuste previsional que fue aprobado en un rápido tratamiento.

Según se supo, este ajuste consiste en una reducción de haberes que contempla quitas de entre el 22 y 27% en las jubilaciones superiores a los 5.000 pesos, como así también difiere el pago de aumento a los jubilados por 180 días, entre otros puntos.

Ayer tarde, la CGT que conduce Hugo Moyano repudió la represión, rechazó la reforma y cuestionó que con el eufemismo de “armonizar”, la Nación exija la derogación del 82 % y pretenda que la jubilaciones provinciales “se rijan por los montos paupérrimos que se pagan en toda el territorio nacional”.