La reforma del Código Civil avanza en el Congreso, sin crisis traumáticas y con poca repercusión. Pero no se trata de una ley más. Proliferan reacciones, algunas racionales y otras viscerales.

La filósofa porteña Diana Cohen Agrest publicó hace unos días una seria advertencia sobre la aplicación de criterios contradictorios en temas fundamentales. “Propone la aplicación de un doble y hasta de un triple rasero, incompatibles entre sí”. Entre las asimetrías, la filósofa destaca la que se refiere al comienzo de existencia de la persona humana. “Mientras en las fecundaciones naturales la existencia "se inicia con la concepción en el seno materno', cuando se recurre a las técnicas de reproducción asistida la existencia se inicia, en cambio, con "la implantación del embrión en la mujer'. Estos dos criterios, aunque conceptualmente incompatibles, habilitan la coexistencia jurídica de la prohibición vigente de la interrupción del embarazo (salvo las excepciones de riesgo de vida materna o violación) y de las prácticas existentes de los centros reproductivos”.

A su vez, el abogado y sociólogo Roberto Gargarella formula cuestionamientos sobre la inequidad en el tratamiento de los derechos civiles de diversos sectores de la sociedad y asegura que se busca dar al Código un giro conservador.

En Salta también surgen advertencias. Desde una perspectiva moral y teológica tradicional, el delegado de la Red Federal de Familias, Federico Curutchet, se manifestó en contra del proyecto para reformar el Código Civil que debe debatir el Congreso de la Nación. Cuestionó que la iniciativa reafirme derechos para parejas del mismo sexo y que habilite la maternidad subrogada o “alquiler de vientres”. Además, juzgó que “hay un negociado” detrás de la iniciativa.

“Estamos pidiendo que, antes de ir a votar, los legisladores nacionales por Salta sepan qué opinamos. Es un tema muy importante que merece otro tratamiento”, dijo Curutchet a El Tribuno.

El referente de la organización pidió una audiencia con los legisladores salteños antes del tratamiento del proyecto.

También criticó que la iniciativa legalice la posibilidad de buscar un vientre e implantar un embrión gestado por técnicas artificiales para quienes no pueden concebir naturalmente.

“Esto se usa para que las parejas homosexuales puedan tener hijos. No podemos negar la realidad. Es el caso de Florencia de la V. y Ricardo Fort. Estamos trayendo el negocio para que no lo vayan a hacer en Estados Unidos”, consideró.

Curutchet consideró que se necesita más debate. “Estas cuestiones están imbuidas de ideología, no actúan como juristas”, opinó, para agregar que detrás del proyecto “hay un negociado”.

“Lo que se busca el negocio. Para hacer la ley, se consultó a los laboratorios que hacen fertilización asistida”, manifestó.

“Intentan decir que puede haber una familia compuesta por una madre que quiere ser madre y un hijo que ella se hace hacer con el solo uso de técnicas sin que exista una relación de amor”, evaluó. El delegado consideró que el nuevo Código Civil no garantizaría el derecho a la identidad a los niños nacidos por técnicas de fertilización artificial cuando intervienen donantes de óvulos o esperma. “Ese chico no puede saber quiénes son sus padres. Si el donante no quiere decirlo, no podrá saberlo nunca. Solo se lo podrían develar por una cuestión médica”, indicó.