El canciller de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, convocó ayer al embajador de Canadá en el país, Jamal Khokhar, a quien transmitió la “indignación” de su gobierno por el supuesto espionaje a empresas e instituciones brasileñas, sobre el cual exigió amplias “explicaciones”.

Según una nota oficial divulgada por la cancillería, durante el encuentro Figueiredo “manifestó al embajador canadiense el repudio del Gobierno brasileño frente a esa grave e inaceptable violación de la soberanía nacional y los derechos de personas y empresas”.

La denuncia surgió de nuevos documentos que fueron filtrados por el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU Edward Snowden y divulgados anteayer por el canal de televisión O"Globo.

Según el reportaje, la NSA colaboró con el Centro de Seguridad de las Telecomunicaciones de Canadá para obtener datos del Ministerio de Minas y Energía de Brasil.

Ese despacho tiene carácter estratégico y regula las concesiones de yacimientos petroleros o minerales, así como las obras de las grandes hidroeléctricas, y gestiona todo el sistema eléctrico del país.

La convocatoria del embajador canadiense fue ordenada por la jefa de Estado, Dilma Rousseff, quien ayer afirmó en la red Twitter que “todo indica” que los gobiernos de EEUU, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, además de “miles de empresas” de esos cinco países, tienen “amplio acceso” a los datos espiados en Brasil.

“Es urgente que EE UU y sus aliados cierren sus acciones de espionaje de una vez por todas”, afirmó Rousseff, quien sostuvo que las nuevas denuncias “confirman” que el espionaje obedece a “razones económicas y estratégicas”.

“El espionaje atenta contra la soberanía de las naciones y la privacidad de las personas y de las empresas”, afirmó la mandataria. Debido a la sospecha de espionaje y por entender que el Gobierno de Barack Obama no dio explicaciones satisfactorias, la mandataria brasileña decidió postergar la visita de Estado que haría a Washington el 23 de octubre.