El oficialismo obtuvo esta madrugada, en votación ajustada, la media sanción de Diputados del proyecto de ley que regula la Responsabilidad del Estado, pese a los fuertes cuestionamientos de los sectores opositores, en una sesión especial que se extendió por casi diez horas.
La propuesta, que en la votación en general recibió 129 votos afirmativos, 105 negativos y dos abstenciones, recién será tratada en el Senado en el período ordinario de 2014, según lo anticipó la semana pasada el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

La sesión se inició con 133 diputados en el recinto gracias a la presencia de los legisladores del Frente para la Victoria y sus aliados tradicionales, más el interbloque de Compromiso Federal y expresiones solitarias como la del radical correntino Rodolfo Fernández.
Etre los puntos más críticos del proyecto establece que “la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”, y agrega que estos últimos serán responsables sólo cuando incurran en dolo y culpa -según indicó hoy la kirchnerista Diana Conti- y que el plazo para demandarlos prescribirá a los tres años.

En el dictamen aprobado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se aclaró que el Estado no puede ser considerado empleador y fija en su artículo 6º que “no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”.

En el debate de la propuesta, Diana Conti hizo una fuerte defensa del proyecto al asegurar que se está “protegiendo al Estado” por “el interés general y el bien de todos”, contra “la ambición depredadora de la industria del juicio o de la patria pleitera que tanto ha agraviado a la Argentina”.

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió aseveró que es una ley de “autoamnistía de los funcionarios del gobierno kirchnerista en retirada, y básicamente para un ministerio, el de Planificación Federal, que tuvo a cargo todas las concesiones” de los servicios públicos.

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que la iniciativa oficial “no es un proyecto propio de defensores de derechos humanos”, ya que “consagra una desigualdad de derecho irritante” al limitar “exageradamente la responsabilidad del Estado, y compromete internacionalmente la responsabilidad del Estado argentino”.
Asimismo, el legislador advirtió que esta ley “va a provocar un verdadero caos normativo” por la diferencia de legislación con las provincias y estimó que “esto va a terminar con un fallo que va a declarar la inconstitucionalidad” de la norma.
La ley, en pocas palabras, estipula que un particular que pretenda hacer juicio tendrá un plazo de tres años para demandar al Estado, mientras que la posibilidad de demandar a funcionarios prescribiría a los dos años.