Este, indudablemente, no fue un aniversario más de la Policía de Salta, ya que el jefe de la fuerza, Marcelo Lami, habló sin tapujos y dijo estar insatisfecho con la calidad actual del servicio e hizo mea culpa de los últimos hechos que mancharon el nombre de la institución. Por su parte, el Ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, destacó los logros del cuerpo policial, pero también mencionó los apremios ilegales.

Ayer la Policía cumplió 188 años de vida en la provincia y para la fuerza es un motivo de orgullo y de festejo.

Sin embargo, problemas recientes aparecieron en los discursos.

El Jefe de la Policía salteña no soslayó la responsabilidad en cuanto a los últimos hechos que mancharon el nombre de la institución, cómo las últimas 124 denuncias por apremios ilegales, el caso del rugbista del Jockey golpeado en un nunca aclarado episodio, la mujer que recibió un balazo con arma reglamentaria en un partido de fútbol o el chico que también fue herido de bala por un policía, y quedó parapléjico, en Villa Las Rosas, entre otros.

“No quiero actuar como juez, ni decir cómo está considerada la policía por los salteños. Pero yo no me siento satisfecho”, afirmó en medio de su discurso Lami, frente al gobernador Juan Manuel Urtubey y las demás autoridades provinciales y municipales.

El jefe policial reconoció que “es necesario generar cambios y acciones transformadoras que nos orienten a una nueva visión institucional. Por eso desde la conducción policial nos propusimos ser el mejor servicio de policía del país”. De inmediato destacó, sin embargo, que “hoy estamos lejos de ese objetivo. Tenemos falencias, errores y desaciertos que no nos permiten posicionarnos como tales; en los últimos años hubo una baja de calidad en el servicio policial”.

Pero luego, en un mensaje para todos los efectivos policiales, expresó: “No sé si lograremos el objetivo en dos años, en cinco, en diez o quince. El tiempo dependerá de nuestro esfuerzo y del valor que tengamos para dar el primer paso en busca de la excelencia”.

El comisario Marcelo Lami había realizado, horas antes, en AM 840, un severo diagnóstico sobre el escenario policial provincial. Admitió que en Pichanal, donde viven 35 mil personas, hay dos móviles policiales y Colonia Santa Rosa, un auto y dos motos para 14 mil habitantes. Además el único vehículo de la comisaría de la barriada tuvo un choque y aún no pueden repararlo por las trabas a las importaciones de repuestos. Ambas localidades cuentan con el refuerzo de un patrullero del 911 de Orán.

En Salta capital, la seccional del barrio Limache no tiene autos policiales y el único vehículo de la comisaría de la barriada tuvo un choque y aún no pueden rehabilitarlo por las trabas a las importaciones de repuestos.

Advertencia de Sylvester

Por su parte, el Ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, destacó logros de la fuerza policial en el último año, pero también dedicó un espacio para referirse a la otra cara de la moneda.

“Este año no solo hubo hechos de mérito en la fuerza, lamentablemente han salido a la luz actos de apremios ilegales de una gravedad tremenda”, expresó.

Y advirtió que “el gobierno no va a permitir estas conductas. El ejercicio de la fuerza pública por parte de la policía debe ser realizado en el modo correcto y bajo las condiciones que la ley establece. Vamos a seguir velando para que ese principio de actuación se respete, sancionando y poniendo a disposición de la justicia a quienes deshonran a la institución”.

Uniformes de la fuerza

Mucho se habló en la antesala del aniversario del anuncio de modificaciones en los uniformes de los efectivos policiales. Se decía que se iba a dejar de lado el color azul para usar los colores de la bandera provincial.

No obstante, esto fue desmentido por Marcelo Lami y dijo que puede haber modificaciones en el calzado del personal que trabaja en la ciudad a uno más acorde. Además, habló de la posibilidad de modificar el corte de cabello de las mujeres, ya que muchas se quejan porque es muy masculino.

“Aún no hay una fecha de implementación de esto, porque no es sencillo cambiar el uniforme de 9.000 policías”, finalizó.

Violencia que engendra violencia

Dos casos de torturas ocurridos en General Gemes en mayo de 2011 cobraron notoriedad a nivel nacional y dejaron la sensación de que la policía salteña utiliza metodologías reñidas con las prácticas democráticas.

En uno de los hechos, la víctima fue Carlos Giménez, detenido en el caso de los “narcopolicías”. En el otro, un documento horroroso de violación de los derechos humanos mostró los vejámenes contra dos presos. Ambos expedientes se encuentran hoy en la Justicia: uno en la Federal y otro en la de la Provincia.

El panorama no mejora. En el ministerio público hay un funcionario destinado exclusivamente a estas cuestiones, el fiscal de causas policiales y penitenciarias, Gustavo Vilar Rey, cuya labor se desempeña en el hermetismo. No se vislumbran resultados.

Hay limitaciones formativas y operativas, pero, justo es reconocerlo, a los policías salteños les toca actuar en un escenario complejo, donde se vislumbra el incremento del delito y el auge del consumo de drogas.

En mayo del año pasado, en el macrocentro de esta capital, el volante central de Juventud Antoniana, Rodrigo Ríos, sufrió la fractura de su pierna izquierda luego de recibir una brutal golpiza en las afueras del boliche “Puerto Megadisco”, ubicado en calle Jujuy casi esquina San Martín. Los golpes le produjeron, además, un corte en el brazo izquierdo que necesitó nueve puntos de sutura. Según coinciden Ríos, testigos del hecho y familiares del futbolista, éste fue agredido por un grupo de policías.

A principios de diciembre pasado, un policía retirado de la provincia de Buenos Aires, Raúl Domingo Guzmán, residente en Joaquín V. González, denunció ante la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias haber sido víctima de una brutal golpiza a manos de efectivos de la Comisaría 50, tras un conflicto con una familia por la titularidad de un terreno.

En marzo, otros nuevos capítulos se sumaron a las denuncias contra los efectivos. El primero de los hechos ocurrió el viernes 1, en el estadio de la Liga Salteña de Fútbol, en un encuentro deportivo entre Peñarol y Camioneros Argentinos. Esa noche una mujer, identificada como Elizabeth Tévez, fue baleada por un efectivo policial en un confuso hecho. Según testigos, un grupo de simpatizantes increpó al personal policial y un agente efectuó un disparo que le produjo una lesión intestinal múltiple.

Una semana después, un joven identificado como Juan Daniel Estrada recibió un balazo en su espalda, a metros de su domicilio en el barrio Juan Manuel de Rosas -en la zona norte capitalina-, de parte de efectivos del 911. Producto del impacto al joven le diagnosticaron quebradura de vértebra y posiblemente no vuelva a caminar. Por el caso, un efectivo quedó detenido, mientras los familiares y amigos del damnificado realizaron marchas en pedido de justicia.

Una alocada persecución

En diciembre, el rugbista del Jockey Club Gerónimo Saravia fue golpeado por policías de civil, momentos después de una cinematográfica persecución. Saravia viajaba con un grupo de amigos cuando fueron perseguidos en la ruta 26 hasta llegar al centro de Salta capital por efectivos que no se identificaron, que se movilizaban en una camioneta y en un auto VW Polo. Saravia temió un asalto, dio marcha atrás y chocó a la camioneta, pero pudo escapar hasta que detuvo su marcha cuando observó a un móvil del 911, a quien pidió ayuda. Entonces, los otros dos vehículos le dieron alcance y sus ocupantes le rompieron la luneta, el parabrisas y lo golpearon. Las supuestas complicaciones políticas restaron claridad a la reconstrucción del episodio.