Se equivocan quienes piensan que las legiones ciudadanas que se opusieron a la inconstitucional reforma propiciada por doña Cristina Fernández de Kirchner están conformes con el actual funcionamiento de la Justicia.

Como muchos comprovincianos, pienso que el Poder Judicial de Salta está urgido de reformas que faciliten el acceso de todos a la Justicia y que lo conviertan en una herramienta eficaz de tutela de nuestros derechos; sobremanera, de nuestros derechos fundamentales. Por consiguiente, lejos de buscar el sometimiento de los jueces a ocasionales mayorías políticas, esas reformas deben apuntar en varias direcciones.

Se impone, en primer lugar, reforzar la independencia de los jueces. Si bien hemos debatido bastante acerca de las injerencias del Gobierno nacional, un lamentable silencio reina sobre las interferencias -sutiles o desembozadas- que el Gobierno de Salta despliega sobre el Poder Judicial o sobre el Ministerio Público local.

Estas interferencias comienzan, desde luego, con la conformación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, ámbitos en donde el gobernador promueve la exclusión de las verdaderas minorías que actúan en la Cámara de Diputados. Así, por ejemplo, los 3 diputados que integran nuestro Consejo de la Magistratura pertenecen al frente oficialista.

En idéntica dirección, sería deseable un doble compromiso público del gobernador: En favor de la independencia de los jueces, y en contra de la actuación de personajes pretendidamente influyentes que invocan reales o presuntas cercanías con el poder político.

A su vez, el Estado provincial debería adoptar las medidas necesarias para que todas las magistraturas y secretarías estén cubiertas por funcionarios permanentes, designados siguiendo las reglas de la Constitución provincial. En este sentido, la apelación a subrogancias debería ser excepcional; un régimen de retiros anticipados por razones de salud ayudaría a este objetivo.

Adviértase además que el Gobierno parece estar siendo negligente en la puesta en marcha del régimen especial de jubilaciones; tal actitud impide que muchos magistrados accedan voluntariamente a tal régimen y, por ende, demora la renovación intelectual y el rejuvenecimiento de las magistraturas.

Como es fácil entender, para que esta renovación cumpla plenamente sus objetivos, hace falta que el señor gobernador y las fuerzas políticas que le acompañan abandonen su tendencia a reclutar jueces, fiscales y altos funcionarios dentro del estrecho círculo de sus relaciones familiares o sociales.

Acceso a una Justicia ágil y de alta calidad

El segundo objetivo de una reforma judicial que encaje dentro de los principios constitucionales, apunta a garantizar el acceso universal a la Justicia. Para lo cual la Provincia debería completar el despliegue territorial de los tribunales siguiendo la evolución demográfica de nuestras ciudades y pueblos. La creación de una “Justicia de proximidad”, radicada en los barrios de los centros más populosos, ayudaría a este objetivo. El desarrollo de una Justicia de paz letrada para atender asuntos vecinales y de familia, sería otro paso adelante.

En el terreno de la eficacia, es mucho lo que puede hacer el Poder Judicial de Salta para salir de la morosidad y las imprecisiones que aquejan a algunos de sus fueros e instancias. Por ejemplo: a) completar el despliegue informático, potenciar la Escuela de la Magistratura (procurando que los jueces asuman sin reticencias la definitiva cosmopolitización del orden jurídico que tutela los derechos fundamentales), y animarse a salir a la calle cuando la resolución de un caso lo haga aconsejable; los jueces encerrados en sus despachos y proclives a delegar las inspecciones oculares, no son la mejor opción; b) revisar urgentemente sus herramientas estadísticas que, al parecer, no reflejan fielmente el movimiento de los tribunales; esta medida tendría que ser acompañada con el acceso público a los datos; c) en muchos casos, los jueces piensan que los plazos procesales corren únicamente respecto de los litigantes y prefieren ignorar olímpicamente los tiempos que los códigos les imponen para resolver las causas. Sería bueno que asumieran aquello de que una Justicia lenta no es Justicia plena; d) la incorporación del procedimiento monitorio y, bajo determinadas condiciones, de la conciliación guiada por expertos, aceleraría la satisfacción de los derechos obreros; y, e) un programa de calidad, definido autónomamente por cada una de las unidades judiciales, ayudaría en este propósito de celeridad y desburocratización.

Nuevos fueros para los nuevos derechos. Pero la creación de fueros especializados es, si acaso, la reforma más urgente. Hay evidencias de que los juzgados civiles funcionan como “cajones de sastre” en donde se agolpan causas que reclaman tratamientos especializados. Me refiero, por ejemplo, a los asuntos relacionados con el urbanismo, el ambiente, los conflictos colectivos (laborales y no laborales), las querellas vecinales, los accidentes de tránsito y del trabajo.

En resumen: hay mucho por hacer. Y todo puede y debe hacerse dentro del marco de nuestra democracia constitucional, y procurando un amplio y público consenso.