La Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocó el procesamiento de cinco administradores de locales nocturnos, detenidos desde agosto de 2013 en el marco de una causa por trata de personas, y los acusó de facilitación de la prostitución.

Los imputados fueron detenidos el 15 de agosto en un operativo en el que también demoraron al entonces intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba.
La Justicia Federal consideró que las mujeres ejercían la prostitución por su voluntad en los locales que manejaban los acusados y concluyó que no había pruebas para procesarlos por haberlas captado para explotación sexual. 

Roberto Quintián, Mercedes Baigorria, Viviana Gómez, Elida Noemí Arias y Marisel Llanes, responsables de negocios nocturnos de la capital de Salta, habían sido procesados con prisión preventiva por el juez federal Miguel Medina.

La Cámara Federal de Apelaciones dejó sin efecto la acusación de captación con fines de explotación sexual para los cinco imputados, pero dispuso procesar a cuatro de ellos "sin prisión preventiva" como autores prima facie responsables del delito de promoción o facilitación de la prostitución en concurso con el delito de explotación económica de la prostitución ajena.
En el caso de Arias, los jueces dictaron falta de mérito.
Los acusados habían sido detenidos el 15 de agosto de 2013 durante un operativo policial en el que allanaron cuatro locales y encontraron a más de 30 mujeres que ejercían la prostitución.
En uno de los negocios inspeccionados los efectivos encontraron al ex intendente Villalba, que quedó demorado y fue liberado horas después porque se consideró que estaba en el lugar como cliente y no estaba relacionado con la administración del local.

Diez días después el municipio de Salvador Mazza quedó intervenido por decisión de la Legislatura de Salta.
La Cámara Federal de Apelaciones indicó en su fallo, emitido el 2 de junio pero conocido hoy, que las mujeres encontradas en el operativo de 2013 "manifestaron la inexistencia de coerción". La resolución también destacó que "eran mayores de edad, residían en sus propios domicilios, algunas tenían otros trabajos o estudiaban y no se encontraban aisladas del entorno comunitario, nota característica del delito de trata de personas".
La decisión generó críticas de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.
La referente de la Alianza de Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres, Mónica Menini, dijo en declaraciones medios locales que "el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas era uno de los argumentos que tenían los jueces para considerar que existía el delito de trata de personas".