La Cámara de Diputados deberá debatir un proyecto para el tratamiento de la violencia que aprobó el Senado y que genera el rechazo de sectores feministas porque deroga una ley que había sido especialmente pensada para la protección de las mujeres en riesgo. Los que se oponen a la iniciativa consideran que no contempla aspectos específicos para asistir a las víctimas, como la posibilidad de concederles una cuota alimentaria cuando la Justicia ordene que el agresor abandone el hogar. Desde la Cámara de Senadores responden que están impulsando una solución integral.

El miércoles, los legisladores le dieron media sanción a un proyecto que fija cuáles serán las políticas públicas en materia de violencia social, escolar y familiar.

Si se aprueba en Diputados, la norma dejaría sin efecto a la ley 7403, que se sancionó en 2006 tras el caso de Rosana Alderete: una mujer que fue asesinada por su esposo junto a dos de sus hijos pese a que había advertido cinco veces a la Policía que su marido le pegaba y la amenazaba de muerte.

El texto inspirado en la causa Alderete determina, entre otras cosas, que los policías tienen la obligación de tratar con urgencia las denuncias por violencia y que los jueces pueden ordenar que el agresor se aleje de las víctimas pero que les pase un aporte económico.

Gabriela Cerrano, la única senadora que votó en contra del proyecto que deroga la ley 7403, dijo a El Tribuno que es “un retroceso” porque no contempla cuestiones específicas de la violencia de género.

“El texto no dice que las mujeres pueden acceder una cuota alimentaria cuando un juez haga que el golpeador se aleje de la familia. Muchas salteñas no podrán poner fin a las agresiones por no tener cómo mantener a sus hijos”, señaló la legisladora del Partido Obrero.

Cerrano cuestionó además que la ley pida que las víctimas ratifiquen la denuncia cuando la realizó un tercero. “Si una mujer quedó internada por las heridas y un familiar fue a informar el caso a la Policía, ella puede tener miedo de ir a reafirmar la acusación después”, manifestó.

La senadora también criticó que la nueva iniciativa no aclare que incurrirá en incumplimiento de los deberes de funcionario público quien no tome una denuncia.

Roberto Gramaglia, uno de los autores de la propuesta que aprobó el Senado, respondió a los cuestionamientos. “Es una ley completa e integral”, manifestó a este medio.

“La posibilidad de demandar una cuota alimentaria en casos de violencia queda prevista porque se establece que la víctima tendrá derecho a pedir todas las medidas que considere pertinentes”, sostuvo el senador.

Gramaglia también rechazó que no se vaya a sancionar la conducta de los funcionarios que no tomen las acusaciones de las víctimas. “El texto indica que la denuncia se podrá realizar en juzgados, fiscalías, comisarías y en todas las oficinas habilitadas para este fin. No se considera ningún motivo por el que puedan no tomarla”, contestó el legislador.

Gabriela Cerrano declaró que el tema merecía un mayor análisis. “Muchas cosas se dan por supuestas y no se especifican. Eso, en la práctica, es volver atrás porque lo que necesitamos es un instrumento para proteger a las mujeres”, opinó.

Gramaglia respondió también a las objeciones que señalan que la violencia de género, en una provincia con más de 15.000 casos anuales y 20 femicidios desde 2013, necesita un tratamiento diferenciado de situaciones como las peleas en la escuela.

“Todo se debe tratar interdisciplinariamente. Considero que es adecuado haber trabajado de esta manera. Creo que tener varias leyes sobre el mismo problema puede generar superposición de facultades”, dijo el senador.

“Hubo consultas a distintos sectores”

La Multisectorial de Mujeres de Salta consideró, en un comunicado que difundió a los medios, que los senadores no tomaron en cuenta la opinión de organizaciones sociales especializadas en el tema antes de aprobar el proyecto que deroga la ley 7403.

El senador Roberto Gramaglia, uno de los autores de la iniciativa, manifestó que “hubo consultas a distintos sectores desde el año pasado”. 

“Nos reunimos con representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y también de las carteras de educación, salud y derechos humanos. Fue un trabajo muy amplio e incluimos todos los temas que nos solicitaron”, aseguró. 

El senador negó que el proyecto limite la protección a las mujeres en riesgo. “Tiende a profundizar lo que se está haciendo e incorporar lo que no se está haciendo. En materia de prevención, contempla la creación de más gabinetes psicopedagógicos en las escuelas y la apertura de refugios para las víctimas”, señaló.

Mónica Menini, miembro de la Alianza de Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres, cuestionó la propuesta de la Cámara de Senadores. 

La referente consideró que el proyecto solo aborda las agresiones en el ámbito doméstico y no dice cómo tratar otras formas de violencia de género.

Menini también destacó que el texto no menciona específicamente la posibilidad de que las víctimas pidan cuotas alimentarias como medida cautelar.

En la iniciativa, que obtuvo media sanción la semana pasada, se sumaron propuestas de los senadores Gramaglia, Alfredo Jorge, Manuel Luque y Santiago Payo. También se incluyeron proyectos de la Cámara de Diputados y de los exsenadores Gustavo Sáenz y Federico Segura.