Son días agitados para la causa judicial que investiga al vicepresidente Amado Boudou por la compra de la imprenta de papeles de seguridad Ciccone. Finalmente, el juez federal Ariel Lijo atendió un pedido realizado por el propio funcionario y adelantó la convocatoria a declaración indagatoria. Boudou tendrá la posibilidad de contestar preguntas y defenderse el lunes 9 de junio, a partir de las 11, según informó Infobae. Además el vicepresidente pidió que se "transmita en vivo por televisión" su declaración e, incluso, le propuso que sea "por TN ", la señal de noticias del Grupo Clarín, al que el funcionario responsabiliza por las investigaciones judiciales en su contra.

Boudou había pedido adelantar la indagatoria “lo antes posible” en un escrito que lleva su firma y no la de sus abogados. Allí había argumentado que el 15 de julio, fecha en la que se lo había citado en primera instancia, estará a cargo del Poder Ejecutivo por un viaje oficial de Cristina Kirchner.

El miércoles los abogados de Boudou pidieron la nulidad del llamado a indagatoria. Los especialistas creen que se trata de un recurso técnico que busca llevar el expediente a la Cámara Federal, donde la defensa tiene puestas sus esperanzas para poder frenar el avance de la investigación que complica al vicepresidente.

Boudou está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública. El juez sospecha que Boudou compró junto a sus socios la ex Ciccone. Además realizó gestiones desde el Estado para resolver su complicada situación financiera y para cerrar contratos millonarios para la impresión de los billetes de curso legal. En medio del escándalo, la Presidente tomó la decisión de expropiar la compañía, hoy bajo la órbita de la Casa de la Moneda.

En la resolución emitida el viernes pasado, Lijo repasó la “maniobra” del vicepresidente para quedarse con Ciccone. Comenzó en Formosa, con una extraña sociedad. Y se perfeccionó tres días después de que Boudou asumiera como vicepresidente: aquella jornada la imprenta obtuvo los certificados necesarios para realizar contratos millonarios con el Estado.

A la par de la cuestión judicial, el Congreso analiza las consecuencias políticas del accionar del ex ministro de Economía. La mayoría de los bloques de la oposición intentarán avanzar con un juicio político. Sin embargo el oficialismo tiene las mayorías para bloquear la posibilidad de un proceso político contra el vicepresidente.