Nicolas Sarkozy, que fue presidente de Francia hasta hace dos años, fue puesto ayer bajo arresto preventivo mientras presta declaración en la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF) sobre un caso de presunto tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción.

El expresidente francés llegó a la Dirección Central de la Policía Judicial en Nanterre (Hauts de Seine) poco después de las 8 de ayer y podría estar testificando allí hasta 48 horas, en régimen de detención provisional según la ley francesa.

Es la primera vez en la historia de la Quinta República que se aplica a un exjefe de Estado esta medida, durante la cual se halla bajo la jurisdicción de la Policía judicial y con asistencia letrada.

Sarkozy había sido llamado a declarar anteriormente en noviembre de 2012 por los jueces que instruyen el caso Bettencourt, pero salió del Palacio de Justicia de Burdeos tras 12 horas de interrogatorio con el estatuto penal de testigo asistido.

Desde que el exmandatario conservador perdió su inmunidad en junio de 2012, al mes de abandonar el Elíseo, su imputación cotiza al alza en los despachos de la Magistratura, en relación con sumarios con nombres tan sonoros como el citado Bettencourt, Karachi, Tapie, Gadafi o Bygmalion.

Y a todos estos affaires en curso de instrucción, que comprometen su hipotético retorno a la carrera política, se suma ahora este de las escuchas, por el cual su abogado Thierry Herzog y dos miembros relevantes de la judicatura llevan desde el lunes detenidos en la sede de la OCLCIFF.

Los investigadores quieren determinar si los jueces del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert y Patrick Sassoust, han estado filtrando al letrado y a su ilustre cliente información confidencial sobre el recurso en casación del “caso Bettencourt”, a cambio de un enchufe en Mónaco para el primero que nunca llegó.

De confirmarse esos hechos, los cuatro podrían ser puestos a disposición judicial en estos días y ser imputados por tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción.

Todo empezó cuando, en marzo de este año, la policía descubrió la conexión telefónica entre los magistrados sospechosos y el abogado, tras pinchar sus teléfonos durante 10 meses, por orden de los instructores del “affaire Gadafi”.

Iban buscando pruebas sobre la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2012 por parte del régimen libio, pero en vez de datos comprometedores sobre ese asunto, lo que las escuchas policiales destaparon es que “Sarko” y Herzog habían puesto en marcha, según reveló entonces en exclusiva la revista Mediapart, “un gabinete negro para neutralizar a los magistrados que le investigaban”.

No solo tenían infiltrados en lo más alto de la cúpula judicial, sino que al descubrirse espiados, Herzog contrató una nueva línea a nombre de un tal Paul Bismuth y se la entregó a su representado para que la usase en sus comunicaciones más comprometidas.

Claro que los agentes no tardaron mucho en localizar el número del testaferro y volver a controlar lo que ambos se decían.

Ahora, el antiguo líder del centro-derecha francés tendrá forzosamente que dar explicaciones sobre dichas triquiñuelas, justo cuando su partido, la Unión por un Movimiento Popular, sufre sus horas más bajas por culpa del escándalo Bygmalion: el mismo que ha precipitado la dimisión de su delfín, Jean-Fran‡ois Copé, al descubrirse el desvío ilegal de facturas de campaña por un valor aproximado de 17 millones de euros. Lo que la justicia está demostrando es que Sarkozy estaba al tanto de esta infracción del reglamento electoral.

Lo que se investiga puntualmente es si Nicolas Sarkozy consiguió para un importante juez un puesto como asesor de gobierno en Mónaco, después de que éste le proporcionara información confidencial sobre la investigación por supuestas irregularidades en la campaña electoral del 2007.

Además, en el marco de una investigación iniciada el 26 de febrero pasado, los inspectores quieren averiguar si el expresidente francés fue informado ilícitamente de que la justicia había autorizado escuchar sus conversaciones telefónicas.

Aparentemente, buscó en vano obtener información del jefe de los servicios de inteligencia interior, Patrick Calvar, sobre el avance de la investigación libia.

Sarkozy, de 59 años, y su abogado han negado en ocasiones previas cualquier mala práctica.

Más causas en su contra

La causa por financiamiento libio y la de tráfico de influencias son dos de las seis investigaciones legales en las que está implicado Sarkozy. Las otros son:

La justicia investiga desde el 27 de junio sobre malversaciones durante la campaña presidencial de Sarkozy en 2012. Gastos que sobrepasaban el tope legal autorizado habrían sido facturados por la firma Bygmalion al partido Unión por un Movimiento Popular (UMP) del expresidente y no a sus cuentas de campaña.

Además, en julio de 2008, un arbitraje del litigio entre el empresario Bernard Tapie y el banco Crédit Lyonnais sobre la venta de la firma Adidas desembocó en una sentencia que otorgó a Tapie 403 millones de euros. Los jueces sospechan que hubo “simulacro de arbitraje” para favorecer al empresario, con el aval del Ejecutivo. Cinco personas han sido imputadas de “estafa en banda organizada” por este caso, entre ellas Tapie, uno de los jueces árbitros y el exdirector de gabinete de la entonces ministra de Economía, Christine Lagarde

Por otra parte, un juez está investigando sobre la regularidad de contratos firmados, sin licitación, entre el palacio presidencial del Elíseo y nueve institutos de sondeo durante la presidencia de Sarkozy, en particular los que conciernen la firma Publifact, propiedad de uno de sus consejeros.

Y una investigación por malversación de fondos públicos se inició en octubre de 2013.