El empresario Lázaro Báez, ya detenido y procesado en varias causas por corrupción, quedó hoy nuevamente procesado por retención de 33 millones de pesos en aportes previsionales de empleados de sus empresas, un delito que tiene una pena de hasta seis año de prisión.
La medida fue dictada por el juez en el Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada, que también dispuso embargos por 67,2 millones de pesos sobre quince empresas del Grupo Báez, entre ellas Austral Construcciones.
También fueron procesados su hijo Martín y Julio Mendoza, presidente de la firma constructora cabeza del grupo, todos por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La causa judicial a cargo de Berón de Astrada se inició en mayo pasado por una presentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que denunció que 16 empresas del Grupo Báez registraban irregularidades sobre cargas sociales entre 2010 y este año.
Según esa denuncia, que Báez adjudicó a una motivación política del actual gobierno para desacreditarlo, el monto retenido y no depositado ascendía a 223.413.791,47 de pesos, entre aportes no pagados y cumplidos fuera de término.
Pero la investigación judicial determinó que la defraudación fue de 33.433.388,47 pesos, cometida en las diferentes empresas del grupo.
El régimen penal tributario vigente establece que se incurre en delito cuando los aportes no se hacen o se realizan fue del plazo legal por un monto de superior a los 20.000 pesos mensuales.
Junto con el procesamiento, Lázaro Báez recibió un embargo de 33 millones de pesos sobre sus bienes, una cifra menor en relación a los 10.000 millones de pesos del embargo que le trabó esta semana el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesto desvío de obra pública en Santa Cruz para beneficiarlo.
Por su parte, Martín Báez fue embargado por 29 millones y Mendoza por 24 millones, en tanto el juez citó a 29 personas a prestar declaración indagatoria, entre ello sus hijos Martín, Leando y Luciana, que actúan como representantes o directivos de las empresas.
Entre las firmas que incurrían en esta operatoria, el juez mencionó a Austral Construcciones, Alternativa SA, Alucom SA, Austral Agro, Loscalzo y Del Curto Construcciones, Badial, Kank y Costilla, Diagonal Sur Comunicaciones, Consultora Magma, Sucesión de Adelmo Biancalan, Epsur, Don Franciso SA, MyP SA, Valle Mitre y Servicio Integral Alem.
Baéz está detenido desde el pasado 6 de abril por orden del juez federal Sebastián Casanello, quien dictó su procesamiento por lavado de dinero, confirmado luego por la Cámara Federal. .
Esta semana fue procesado por el juez Julián Ercolini acusado de integrar una asociación ilícita junto a la ex presidenta Cristina Kirchner para la adjudicación de obras viales.