El pasado 7 de marzo, el gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, rubricaron un convenio de más de $200 millones, en el marco del Plan Nacional Hábitat.

Los recursos se volcarán, fundamentalmente, en las obras de agua, cloaca, electrificación, calles y espacios comunitarios que se necesitan en las 60 hectáreas expropiadas en Cerrillos para subdividir los 2.400 lotes que allí se entregarán.

Hasta hoy se desconoce la cantidad exacta de preadjudicatarios para la primera etapa de la futura urbanización. Ante un pedido de informes de Diputados, el organismo indicó a fines del año pasado que son 500. Otros funcionarios provinciales, en declaraciones a diferentes medios, dejaron entrever que serían 1.000 los beneficiarios ya sorteados para esos lotes de interés social destinados a los grupos más carenciados y vulnerables.

No es precisamente esa la premisa que prevaleció en las inscripciones, sorteos y adjudicaciones que terminaron en febrero de 2016 con dos exsecretarios de Tierra y Hábitat, Diego Barreto y Rodrigo Diez, procesados por asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas.

La causa se abrió por la gran estafa que sufrieron 250 familias con los lotes de Parque La Vega, en los que saltaron a relucir dobles adjudicaciones, ventas y adjudicaciones ilegales de parcelas.

Junto a Barreto, que sigue preso, y Diez, fueron imputados un empleado del organismo provincial, Roberto Nellessen, los punteros políticos Nelson Salazar (CCC), Esteban Clemente (MILES) y la esposa de este último, Marcela Martínez.

Ahora el escándalo de Parque La Vega sobrevuela a las 60 hectáreas expropiadas en la zona de Pinares, donde muchos de los preadjudicatarios tienen inmuebles a su nombre.

Muchos son titulares registrales únicos, pero también hay una larga lista de condóminos que tienen derechos de hasta una tercera parte de inmuebles, por compras, cesiones y donaciones registradas antes y después de que se inscribieran.

Esa situación los excluía de la posibilidad de aspirar a un lote de interés social. La regla era injusta, pero era regla al fin, y muchos que no la cumplían fueron inscriptos y sorteados en forma irregular en noviembre de 2014. Este diario detectó una docena de casos, tras cruzar la lista de los beneficiarios con los registros de la Dirección General de Inmuebles.

La situación de los condóminos con derechos de hasta 1/3 sobre terrenos y viviendas fue zanjada con una nueva resolución de Tierra y Hábitat que ahora les permite anotarse y recibir un lote de interés social.

La nueva reglamentación, publicada el 17 de noviembre de 2016, no exime de los actos irregulares anteriores