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Una manifestación de los beneficiarios, el año pasado. Archivo
Los beneficiarios del Procrear esperan que se instalen los servicios que debían estar hace más de un año y reclaman seguridad.
6 DE Abril 2017 - 00:00
Por Franco Hessling
locales@eltribuno.com.ar
Las peripecias de los beneficiarios del Procrear en la urbanización Pereyra Rozas continúan pese a que las tareas están en marcha. Los cambios en la economía nacional y la falta de cumplimiento de las obras que la Provincia debía realizar demoraron los pagos y subvaluaron los montos de los créditos, retenidos por el Banco Hipotecario.
Por estos días, uno de los principales reclamos tiene que ver con las dilaciones en la dotación de infraestructura básica, como redes de cloacas, agua corriente y energía eléctrica, que se había comprometido a instalar el Gobierno provincial.
Las demoras provocaron que, al momento de recibir los créditos, los beneficiarios no pudieran adquirir los mismos materiales ni contratar la misma mano de obra que se había calculado cuando fueron sorteados.
"Las obras de infraestructura no terminan, las lluvias tornan intransitable la zona y no podemos avanzar con nuestras construcciones. Tenemos que incurrir en gastos adicionales y pérdidas en materiales y jornales no trabajados", afirmó a este medio Celeste Bovari, una de las adjudicadas en los 575 lotes de las 20 hectáreas expropiadas a Pereyra Rozas en 2012.
No compensa las pérdidas
Hace días se conoció un convenio que suscribió el Poder Ejecutivo salteño con un reconocido corralón, que ofrece materiales para la construcción y equipamiento de viviendas.
El acuerdo apunta a morigerar los costos adicionales que están teniendo que afrontar los beneficiarios del Procrear de la urbanización de la zona norte de la ciudad.
El convenio fue promovido por las secretarías de Defensa al Consumidor y Tierra y Bienes, se firmó el 9 de enero y se publicó el jueves pasado a través del decreto provincial 303. Establece que los beneficiarios del Procrear en Pereyra Rozas tendrán descuentos del 25 por ciento en todo lo necesario para construcción, aunque con algunas salvedades: la merma porcentual no abarca las ofertas ni los productos en liquidación, la forma de pago es únicamente en efectivo -contado o débito- y la compra mínima debe ser de 5 mil pesos.
Consultada sobre la puesta en práctica del convenio, la vocera de los vecinos expresó: "No estoy al tanto del convenio con el corralón El Amigo, pero el Gobierno ya había promocionado convenios con otros comercios".
Acotó que "en realidad aplican el mismo descuento que obteníamos como usuarios particulares que abonan de contado y eso no llega a compensar la pérdida de valor del crédito".
Inseguridad
A las todavía inconclusas obras de infraestructura básica y la pérdida del poder de compra de los créditos -no compensada por los convenios con comercios-, se suma la falta de seguridad en el predio expropiado para construir las viviendas.
La superficie total asciende a unas 110 hectáreas, mientras que la urbanización para los sorteados en Procrear ocupa 20 hectáreas prorrateadas en 575 lotes.
Una de las beneficiarias remarcó al respecto que "el Gobierno no se está haciendo cargo de la seguridad en el predio, que es algo que nos había prometido". Según dijo, por la falta de vigilancia roban en las obras.
"Aunque pagamos serenos, no podemos controlar el saqueo de materiales y herramientas, están ocurriendo muchos robos", dijo.
La situación se torna preocupante por la poca acción de la fuerza de seguridad y la falta de efectivos dispuestos para el cuidado del loteo, afirma Celeste Bovari. "No hay policías ni en el predio ni en la seccional de Castañares, que es adonde nos mandan a hacer las denuncias", subraya.
El origen del proyecto habitacional
En septiembre de 2015, entre la primera vuelta y el balotaje para elegir nuevo presidente, el Gobierno provincial anunció que 20 de las 110 hectáreas expropiadas a los Pereyra Rozas se utilizarían para otorgar 575 lotes a los últimos beneficiarios de la línea Procrear.
El diputado Claudio del Plá, del Partido Obrero (PO), había planetado la expropiación del predio para enfrentar el déficit habitacional en la provincia. A fines de 2012 el proyecto fue planteado por el bloque del Partido Justicialista. Pero pasarían dos años hasta que la idea se concretó.