"Una familia no puede pagar el 30 por ciento de sus ingresos en servicios públicos básicos. Una suba es viable cuando se puede afrontar, no cuando, por ejemplo, está por encima de los incrementos de salarios", planteó ayer el Defensor del Pueblo Nicolás Zenteno.

Su ponencia fue una de las más críticas en la audiencia pública que realizó el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) para tratar el nuevo cuadro tarifario de la energía eléctrica. El Tribuno informó ayer que la distribuidora Edesa solicitó un incremento del 27,3% en el marco de la obligatoria proyección quinquenal que debe elevar al Enresp. Los salarios, en el caso de los estatales, se incrementaron un 16% y entre los privados ninguno supera el 30%.

El proyecto de servicio 2017 - 2022 presentado por Edesa incluye una revisión del cuadro tarifario inmediata y se espera que el Enresp lo apruebe en las próximas semanas.

Zenteno no mitigó al momento de referirse a aspectos sociales, a los que consideró igual de importantes que los técnicos por tratarse de prestaciones de primera necesidad.

Para la audiencia se inscribieron once personas, y ayer había unas cuarenta que se acercaron al microestadio Delmi para escuchar las ponencias.

El Defensor del Pueblo se despachó contra la calidad del servicio que presta Edesa, en oposición a un aumento del servicio público, cuestionó la monopolización de los servicios públicos y la falta de divulgación de información del Enresp, manifestado entre otras cosas en el desconocimiento social que había al respecto de la audiencia de ayer.

"Esta mañana me entrevistaron en una radio y los periodistas me contaban que se habían enterado de la audiencia de hoy a través del diario", sostuvo el Defensor del Pueblo quien, mirando admonitoriamente a las autoridades del Enresp que lo escuchaban, reverberó: "No hay competencia cuando el servicio público es monopólico, como en el caso de la energía con Edesa o el agua con Aguas del Norte".

En sintonía con la crítica que Zenteno realizó al modelo monopólico que rige a los servicios públicos en general, el secretario provincial de esa cartera -Servicios Públicos- catalogó a Edesa como un "monopolio natural". Carmelo Russo, quien ocupó el rol de "defensor de la competencia" entre los oradores obligatorios a toda audiencia pública no vinculante, consideró que por tal situación, "requerimos que la empresa extreme sus esfuerzos para mejorar el servicio".

Otra funcionaria también oradora obligatoria, la secretaria de Defensa del Consumidor Carina Iradi, se encargó de marcar ciertas deficiencias del servicio. El único disertante de los usuarios particulares que asistió -otros de los inscriptos o no fueron o no tomaron la palabra finalmente-, Maximiliano del Cerro, se manifestó contra el tope de consumo para residenciales, a los que muchas veces se les cobra como industriales.

Zenteno ahondó en un punto que suele discutirse cuando se habla de posibles aumentos en servicios públicos: la comparación con las tarifas que se pagan en otras provincias. Retomó el caso paradigmático de Buenos Aires, donde los ciudadanos abonan precios inferiores a los de Salta y gran parte del país. Según el funcionario, una de las principales diferencias se presenta en las utilidades de las empresas que distribuyen la energía a domicilios.

"En Buenos Aires, el valor agregado de distribución (VAD), que es el concepto que introducen en la facturación las distribuidoras domiciliaras, se mantuvo intacto por diez años. Acá se lo llega a actualizar más de una vez por año", resaltó. La variable que manipula Edesa en función de sus costos, estimó Zenteno, representa "casi un 50% de lo que se paga por factura".

Por último, se refirió a la relevancia de los subsidios, particularmente de la tarifa social, para todos aquellos a los que la erogación por servicios públicos les implique un porcentaje considerable de sus ingresos. "Sabemos que los subsidiados para el servicios del gas son un 34%, pero en este servicio no lo sabemos a ciencia cierta. Se calcula que el porcentaje es menor".