La denuncia que el presidente Mauricio Macri formuló contra las "mafias de la industria del juicio" y que se sumó a otros cuestionamientos a la Justicia Laboral tuvo ayer repercusión en Salta.

Por una parte, el Colegio de Magistrados salió en defensa de sus pares nacionales, mientras que la Cámara de Comercio e Industria se contactó con la CAME para hacer conocer a la entidad madre la situación de no menos de cinco afiliados que afrontan juicios que consideran insostenibles.

Aunque prefirieron evitar los detalles, para no enrarecer los trámites judiciales, se informó que uno de los casos presenta rasgos sorprendentes. En primer lugar, se trata de una demanda colectiva, elevada por un estudio jurídico de Buenos Aires en representación de empleados de diversos puntos del país y sustanciada a 1.600 kilómetros del lugar de los hechos. Un conocido comercio del centro contrató a un empleado por dos meses en junio de 2017; apenas 45 días más tarde, al trasladarse como acompañante en una moto desde el local hacia su domicilio, sufrió un accidente que le afectó una pierna. No volvió a trabajar y desde entonces la ART le pagó el sueldo. A pesar de haber sido dado de alta, el contratado aduce que siente dolor de espalda. En el hospital había sido contactado por el estudio de abogados laboralistas porteños quienes ahora demandan al comercio y a la ART por $ 4.500.000.

Los otros casos incluyen embargos preventivos en casos aún abiertos. Concretamente, a una embotelladora de bebidas, con un fallo adverso en primera instancia, y apelado, tiene embargado el 20% de su recaudación.

El conflicto entre el Gobierno nacional y la Justicia Laboral, pero sobre todo con lo que llaman "mafias de la industria del juicio", se agudizó porque este año se duplicaron las causas y la confrontación adquirió tenor político: el nombre propio que mencionó el presidente es el de Héctor Recalde, cuyo estudio en el que también trabaja su hijo Mariano es de clara filiación kirchnerista.

Ayer, el presidente de CAME, Fabián Tarrío, afirmó que "los juicios laborales ponen en jaque a la supervivencia de las pymes" y se solidarizó con las declaraciones de Macri.

La degradación del empleo y la proliferación del trabajo en negro han generado un espacio de improvisación e ilegalidad donde se arriesgan las garantías jurídicas. Tarrío dijo que "para disminuir la litigiosidad en las pymes, fomentando la incorporación de trabajo de calidad y reduciendo a su vez los índices de informalidad, es necesaria una modificación del régimen laboral, previsional y tributario que tenga en cuenta las condiciones de desarrollo, productividad, financiamiento y acceso a las tecnologías de las pequeñas y medianas empresas".

Jueces salteños cuestionan a Macri

Los cuestionamientos de los empresarios salteños también apuntan al servicio de Justicia laboral. Consideran que los magistrados “aplican fríamente la letra de la ley sin considerar cuánto afecta un embargo preventivo de la recaudación a una pyme”.
“Es muy difícil sostener a una empresa si contratar personal se convierte en amenaza”, dijo uno de los afectados. 
Ayer también, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta cuestionó al Gobierno nacional por una “indeseable injerencia del poder político”. “Que un magistrado sea enjuiciado a causa de la fundamentación de sus sentencias puede alterar su libertad de conciencia”, y que la denuncia “podría intentar infundir temor para pretender comprometer su libertad y alterar, por lo tanto, la independencia del servicio de justicia.