Jorge Castillo es alguien significativo para Salta. Punta Mogotes, su negocio que le permitió actuar como señor feudal de La Salada, integra uno de los más formidables negocios al margen de la ley que funcionan en todo el país.

Su violenta detención es aleccionadora. Los detalles gansteriles mostraron el verdadero perfil de una realidad que durante 25 años nadie quiso abordar. El negocio de La Salada no funcionaría sin padrinazgos.

Los vejámenes a las "mecheras" son posibles porque la política venal dejó que ese espacio marginal de Lomas de Zamora se convirtiera en un "país aparte", donde Castillo es jefe de Estado, legislador, juez y policía.

Un "bolishopping" que factura 300 millones de pesos por día con precios muy inferiores a los del mercado, solo funciona con evasión. "Con impuestos es inviable", repite una y otra vez Castillo.

No solo es evasión. La Salada es la "casa matriz" de una economía sombría, alimentada por cientos de talleres de trabajo esclavo, la trata de migrantes, el contrabando, la falsificación de marcas y, eventualmente, el robo.

En casi 700 ferias informales diseminadas en el país, se facturan por año 72 mil millones de pesos. Castillo es el "gran patrón" de ese negocio, que da trabajo indigno a 86 mil vendedores clandestinos. Un negocio que vive del desfase de precios y costos que convierten a la Argentina en un país carísimo y con un 30 % de personas que viven fuera del sistema.

La informalidad es una manera de sobrevivir. "Trabajadores de la economía popular" es la denominación con la que se intenta otorgar estatus de normalidad a la desesperación.

Esa necesidad legítima de los trabajadores se extiende por toso el territorio. La gente necesita vivir y la economía formal no se lo permite, pero la pobreza y la ilegalidad se retroalimentan. Las mujeres golpeadas en La Salada y los que sobreviven en el trabajo esclavo, como los bagayeros de Orán, son chivos expiatorios de un sistema sin rumbo, en un país al margen de la ley.