El gobernador Juan Manuel Urtubey y el jefe de Gabinete Fernando Yarade viajarán el lunes a Lima, para reunirse al mediodía con las autoridades del grupo Gloria, propietario del ingenio San Isidro. Se trata de una gestión extrema, para intentar algo que vislumbran muy difícil: que el ingenio revea su decisión de cerrar.

Posiciones muy cerradas

Las dificultades radican en que Gloria es una multinacional peruana, con numerosos ingenios, para la que el San Isidro es una inversión menor. Por lo tanto, el cierre le perjudica menos que las pérdidas económicas. En su presentación del procedimiento preventivo de crisis, la empresa, cuyo gerente general es Carlos Montalvo, documenta la situación señalando "una alteración sustancial en sus negocios, principalmente por la incidencia de los salarios y las consecuentes cargas previsionales".

También mencionan condicionamientos comerciales, financieros y climáticos, pero recalcan "la imposición de políticas laborales abusivas".

En los anexos se detallan las dificultades operativas y pérdidas millonarias anuales.

El secretario azucarero de Campo Santo, Mariano Cuenca, y su padre el intendente Mario Cuenca, parecen descreer de que la empresa arroje pérdidas. Y el primero rechaza las responsabilidades gremiales.

La posición oficial

Ayer, junto con otros gremialistas, Mariano se reunió con la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, en la sede de la Secretaría de Trabajo. Bibini sostuvo que "el gobernador fue muy claro, para nosotros es importante garantizar que el ingenio continúe con su funcionamiento, pero lógicamente no podemos obligar a los empresarios a que hagan algo que no quieren hacer, lo que sí estamos apelando a la buena voluntad de la firma y también de los trabajadores para garantizar que si no es voluntad de este grupo económico, que se pueda transferir a otro para que puedan trabajar y no se pierdan las fuentes laborales".

Poco antes, el gremio se había reunido con el diputado Manuel Godoy, a quien le plantearon medidas proactivas del gobierno contra Gloria. El entusiasmo con que lo apoyó Claudio del Plá (PO), muy cercano a las posiciones de los gremios azucareros, contrastó con la cautela del legislador oficialista.

Presión en imprudencia

Los dos ingenios salteños, San Isidro y San Martín del Tabacal, vienen afrontando muy serios problemas laborales. A pesar de tratarse de las principales fuentes de empleo genuino y de pagar sueldos por encima de la media provincial, el gremio azucarero impone condiciones que las empresas denuncian como inaplicables. Muchas veces, por los paros, se pierde gran parte de la zafra y no faltan hechos de violencia en ambos establecimientos.

A quienes participan de estas negociaciones les preocupa que los dirigentes sindicales creen que la empresa "gana fortunas" y aseguraran que ellos han demostrado que "la crisis no es real". Así se lo informaron a Godoy. Sin embargo, los interlocutores sospechan que Cuenca, "hasta hace unos días pensaba que la empresa especulaba y que ahora empieza a notar que efectivamente Gloria tiene resuelto irse".

El Gobierno trata de convencer a Gloria de que se quede, pero reconoce que la intransigencia es un obstáculo.

"Cuesta hacerles entender a los gremios que van a quedarse solo si les resulta rentable. Y que ningún inversor se va a hacer cargo de un negocio quebrantoso".

Responsabilidad política

Más allá de las históricas dificultades que afronta toda la actividad azucarera, el volumen reducido de San Isidro no le ha permitido desenvolverse con eficiencia. En 2014, 2015 y 2017 se produjeron despidos y medidas de fuerza que no permitieron un desenvolvimiento normal de la actividad. “Debe aceptarse que las soluciones no están solamente en manos de los sindicatos o de los representantes de los trabajadores. Si bien deben cumplir un papel muy importante, los actores políticos son quienes deben asumir la mayor responsabilidad para elaborar las leyes necesarias y administrar su aplicación, sin perjuicio de los riesgos y avatares propios de los negocios”, advirtió ayer en Infobae el abogado laboralista Carlos Echezarreta.

“La resolución de Bergman es aberrante”

El experto Carlos Segón advierte sobre el riesgo de paralizar 32 fincas salteñas.

La decisión del ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, parece alucinante. El ministro nacional interfiere en una jurisdicción provincial, advirtiendo que no le compete hacerlo, y mucho menos para ordenar que se suspendan actividades productivas y legales autorizadas cuatro años atrás por la autoridad competente. 

Carlos Segón es consultor y productor agropecuario, con amplia actividad profesional en las zonas productivas “pintadas” con el color amarillo, que desde hace diez años decretó la paralización del desarrollo rural salteño. 

El experto, quien no oculta su preocupación por el “colapso productivo” que supone la decisión de frenar 32 producciones, considera que “hay dos niveles de responsabilidad”. Se reparten entre el ministerio nacional y la provincia. 

“La resolución del ministerio nacional es una aberración jurídica, porque reconoce que la
zonificación del Ordenamiento Territorial de Salta es orientativa y que debe adecuarse a nivel predial, para categorizar, y al mismo tiempo invoca el acuerdo del Consejo Federal para evitar cambios regresivos. Es una interpretación forzada y nada realista. Y encima, improcedente, porque la interpretación que hace corresponde a un juez, no a un ministro”. 

“Es decir, está invadiendo jurisdicciones”, añadió Segón.

“Por parte de la Provincia, la responsabilidad está en que no se aplicaron políticas de desarrollo. Es un gobierno de características reactivas, y no de políticas proactivas”, agregó Segón. Se marcó con amarillo una enorme superficie, cuando ese color correspondía solo a áreas de mediano valor de conservación. Por eso, el resto de las provincias pintó de amarillo el 30% y de verde el 70%. Lo que pasó en Salta se debió a que el gobierno fue vulnerable a las presiones de las ONG fundamentalistas. Incluso, llegó a derogar el decreto Nº 2211.

Segón añadió: “La producción vive una crisis de inseguridad jurídica. Una cautelar de la Suprema Corte frenó la producción por cuatro años; luego hubieron otros tres años hasta que se habilitaron las actividades y ahora aparece una resolución nacional que ordena reforestar todo lo que había sido autorizado legalmente, y una decisión provincial de suspender las actividades que, fuera de traer tranquilidad a los productores, genera mayor inseguridad jurídica. Es una locura. Se está produciendo no solo un daño económico al inversor, sino que se deja a la deriva a todo el personal, en una provincia donde lo que falta es el trabajo”. 

“Con esta resolución, además, debemos descartar toda posibilidad de incorporar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada como una alternativa productiva, ya que esta práctica sí incumple tanto con la ley nacional como provincial”.