El flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, sostuvo que “el país en algún sentido perdió la fe en el Poder Judicial” y consideró que “es injusto imputarle toda la responsabilidad” a los tribunales “por la corrupción que depende, centralmente, de las leyes” que existen.

Además, el magistrado resaltó que la causa por los cuadernos sobre la carterización de la obra pública puede representar un antes y un después. “No puede haber un país donde los ciudadanos dudan de la imparcialidad de sus jueces. Y si hay un desafío, es recuperar la credibilidad y legitimidad del Poder Judicial para resolver los conflictos entre los argentinos”, indicó.

Por otra parte, explicó que “la prisión preventiva debe basarse en un razonable pronóstico acerca de la probabilidad de que el acusado pueda obstaculizar el proceso o fugarse”.

También defendió la ley del arrepentido al sostener que “sin esa figura se vuelve demasiado difícil romper la solidaridad que está en la base de cualquier organización criminal”.

Entre otras cosas, Rosenkrantz resaltó que “la sociedad argentina se convenció de que los jueces buscan proteger un privilegio” al estar exentos de Ganancia, cuando, en su opinión, el sistema prevé que los magistrados paguen este impuesto, pero “sin que su sueldo de bolsillo se vea reducido”.

“La pregunta es cuál es el juez que usted quiere; cuál es el salario referente para determinar cuánto tiene que ganar; cuál es el mercado de referencia que tienen esos jueces, que es el mercado de la abogacía”, agregó.

El titular de la Corte señaló que la mala imagen de la Justicia es, “en parte, producto de deficiencias, de problemas comunicacionales. El país en algún sentido perdió fe en el derecho y en el Poder Judicial. En las encuestas la reputación del Poder Judicial, cuando se la compara con la de otros países, es baja”, precisó en entrevistas realizadas al diario La Nación.

Rosenkrantz detalló que, cuando se pregunta a los que litigan en el sistema, la imagen “sube notablemente”, al tiempo que opinó que “es injusto imputarle” a los tribunales “toda la responsabilidad por la corrupción que depende, centralmente, de las leyes que tenemos”.

“Es verdad que la impunidad deslegitima el sistema penal. Pero para adjudicar responsabilidades debemos esperar sentencias definitivas. No deberían existir ni la impunidad ni la condena mediática”, manifestó.