A poco más de cuatro años de que cuatro brigadistas de Defensa Civil murieran calcinados tratando de sofocar un incendio forestal en un lugar inhóspito de Guachipas, la Justicia salteña aún no puede siquiera avanzar en la determinación de una fecha del juicio contra los imputados por esa tragedia. Otra vez los palos en la rueda para el trámite judicial los puso el Gobierno provincial, que a través de la Fiscalía de Estado, a cargo de Pamela Calletti, presentó una impugnación a la decisión de involucrar a la Provincia en el caso. La elevación a juicio de la causa fue ordenada en septiembre del año pasado y desde allí se interpusieron numerosas trabas administrativas para impedir que el juez Diego Rodríguez Pipino, titular de Juzgado de Garantías 4, ponga fecha para la audiencia de debate. El propio magistrado tuvo que aclarar mediante un comunicado de prensa "que la actuación en la Justicia nunca se demoró, sino que la falta de fecha de juicio se debe a las numerosas presentaciones de las partes y la cantidad de pruebas a producir".

Ese parte se dio hace un mes, luego de que Rodríguez Pipino rechazara el pedido de incompetencia presentado por la Provincia, para lo cual argumentó que también le cabe la demanda dentro del proceso penal. A pesar de la negativa, desde el organismo que dirige Calletti, exministra de Justicia, volvieron a insistir y presentaron un recurso de casación en contra del rechazo al pedido de incompetencia. De esa manera, hasta que se resuelva el último recurso, la causa sigue paralizada.

El juicio es en contra de tres exfuncionarios de la Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia, acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Son Víctor Jesús Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagum, quienes estaban a cargo del operativo que se había dispuesto para extinguir un incendio forestal en las serranías de El Acheral. En ese sector, ubicado 35 kilómetros al este de Guachipas, Mauricio Valdez (de 27 años), Martín Albarracín (27), Víctor Ferreyra (37) y Matías Daniel Vilte (22) perdieron la vida incinerados el 28 de octubre de 2014.

A los exfuncionarios se los imputa por la situación de precariedad en las que estaban contratados Valdez y Vilte, quienes tenían como función tareas "de desmalezamiento", mientras que Ferreyra y Albarracín sí se encontraban en planta permanente con verdaderas funciones de brigadistas.

Las familias de las víctimas repudiaron esa imputación y solicitaron que la causa se caratule como homicidio culposo, por considerar que los brigadistas no tenían los equipos necesarios ni el apoyo técnico suficiente para combatir un incendio forestal en un terreno adverso, casualmente cercano a una finca de la familia de la defensora General de la Provincia, María Inés Diez, quien al momento de la tragedia era ministra de Justicia.

También advierten que hasta ahora nadie explicó por qué mandaron a los jóvenes a combatir un incendio de gran peligrosidad a un lugar inhóspito, en el que solo había ganado en posible riesgo.