Diego Rodríguez Pipino, juez de Garantías 4, ordenó el desalojo de un inmueble rural ubicado en el departamento de Rosario de Lerma, para lo cual declaró improcedente la presentación de los imputados, que decían ser miembros de una comunidad indígena.

Para ello, tuvo en cuenta que el director de Registro de Comunidades Indígenas del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social informó que los acusados no se encuentran registrados ni tampoco figuran en el censo poblacional de ninguna de las comunidades en cuestión.

Por otro lado, se acreditó que la acusada no contaba con la posesión previa ni tampoco se encuentra registrada como parte de una comunidad de la que ahora pretende ser miembro, llevó al juez a entender que se trató de una maniobra dilatoria, por lo que rechazó la presentación y ordenó el desalojo.

Destacó en su resolución que el hecho que los imputados invocaron la protección legal prevista para comunidades indígenas sin pertenecer a las mismas, y con la clara finalidad de lograr un beneficio particular, además de incurrir en un delito también acarrean un desprestigio para aquellas comunidades que están realmente acreditadas. Así, el juez ordenó restituir la posesión del inmueble al denunciante.