En el contexto del triunfo electoral del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, y mientras más voces se alzan pidiendo "mano dura" con los extranjeros que delinquen, el Gobierno avanza en una serie de medidas para establecer circuitos de control migratorio y acortar los tiempos para la expulsión.
El debate recrudeció luego de que el Gobierno vinculara a dos venezolanos, un paraguayo y un turco con los desmanes ocurridos frente al Congreso durante el reciente debate del presupuesto 2019.
"Probablemente lleguemos a los 200", dicen cerca del ministro del Interior. También subió de manera evidente la cantidad de extranjeros que delinquieron aquí y fueron enviados a sus países natales para que terminen allí de cumplir con sus condenas: de 235 en 2015 pasó a 240 al año siguiente, 414 el año pasado y alrededor de 370 este año. "La idea es acelerar los tiempos", dicen desde la Dirección Nacional de Migraciones, que encabeza Horacio "Totó" García, antiguo funcionario del Ministerio de Seguridad porteño y actualmente bajo las órdenes de Frigerio.
La Justicia anuló en marzo un decreto del presidente Mauricio Macri que fijaba condiciones más estrictas para el ingreso y la radicación de extranjeros.
Con relación a los cuatro detenidos por los incidentes, en el Gobierno coinciden en que "se está viendo qué hacer con ellos", ya que la causa judicial no avanzó. Allí surgió la idea de reformar la ley migratoria para acelerar los procesos de expulsión y utilizar el vehículo de un "foro migratorio específico" para tramitar casos graves. Pichetto y el Gobierno también coinciden en la necesidad de contar con una policía migratoria, más allá de que hoy este rol es cumplido por distintas fuerzas de seguridad.

Fuente: La Nación