Luego de la declaración de los exsubsecretarios de Tierra y Hábitat, Diego Barreto y Víctor Rodrigo Diez Tizón, ayer concluyó la etapa de recepción de pruebas en el juicio a los acusados por las estafas cometidas contra adjudicatarios de terrenos otorgados a familias sin techo en la urbanización Parque La Vega. Además de los exfuncionarios están implicados un empleado de ese organismo y tres "punteros" políticos por los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales.

El Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Bernardo Ruiz y Victoria Montoya Quiroga, determinó que los alegatos de las partes se realicen hoy. La audiencia comenzará con la exposición de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Mónica Poma, quien tuvo a su cargo la investigación de este escandaloso caso que salió a la luz en febrero de 2016. En esa ocasión más de 200 familias se encontraron con la terrible noticia de que los terrenos que les había adjudicado el Gobierno de la Provincia habían sido vendidos, revendidos o entregado a familiares y militantes políticos que respondían a Barreto.

De las investigaciones realizadas por Poma se estableció que el exfuncionario había sido el cabecilla de la organización delictiva que operó durante el tiempo que permaneció al frente de Tierra y Hábitat. La fiscal le imputó los delitos de "asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (30 hechos) y exacciones ilegales simples (8 hechos) en concurso real, como jefe organizador".

Barreto estuvo detenido un año y siete meses, hasta que en septiembre del año pasado se le otorgó la prisión domiciliaria. Pese a las contundentes pruebas en su contra, el imputado manifestó en todo momento que era un "preso político", y así lo ratificó en la audiencia del martes cuando declaró ante el tribunal.

En el juicio varios testigos señalaron que Barreto ofreció terrenos a cambio de que apoyaran su candidatura a diputado en las elecciones de 2013. En esos comicios se postuló para el cargo por el partido Miles, creado por el utltrakirchnerista Luís D'Elía.

También, según la fiscal Poma, se confirmó la venta de terrenos que ya figuraban con nombre y apellido de los adjudicatarios. De la investigación surgió, además, que uno de los operadores de Barreto era el empleado del organismo, Esteban del Corazón Jesús Clemente, a quien Poma lo imputó por exacciones ilegales agravadas (20 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos), como integrante de la asociación y partícipe necesario en con curso real.