Silvia Díaz tiene 69 años y el PAMI Salta hace correr peligro su vida por la falta de medicamentos.

Solo la burocracia estatal y la desidia de sus funcionarios pueden hacer que esta jubilada esté con un tremenda angustia por no poder conseguir los cuatro remedios que necesita para vivir.

La mujer se jubiló del sistema educativo por discapacidad en 1997 tras una operación a "cielo abierto" de una aneurisma en su lado izquierdo. Ella muestra los papeles que certifican sus palabras. La AFJP Máxima y una comisión médica, con número de expediente 023-p.0193/97, en base a la ley 24241 y el decreto 1290/94 certificaron la discapacidad de Silvia y le otorgaron el beneficio de la jubilación.

Desde ese tiempo el Estado, a través del PAMI, le comenzó a brindar el beneficio de los medicamentos, pero el mes que viene podría quedarse sin ellos.

Hoy cobra 8 mil pesos de jubilación mínima y solo uno cuesta 1.300 pesos para todo el mes. Es imposible, o le aumentan la jubilación o le siguen otorgando los medicamentos que ya tienen carácter de derecho.

Es una mujer que tiene múltiples dolencias. En 1998 la volvieron a operar por otro aneurisma en el lado derechos en Buenos Aires. Por esas dos operaciones le quitaron parte del riñón izquierdo. En el 99 le diagnosticaron cáncer de piel por la cual tiene más de 20 operaciones locales en varias partes del cuerpo. En el 2002 le practicaron una operación del corazón también a "cielo abierto". En 2016 fue al traumatólogo y la operaron de la rodilla. En el 2017 el reumatólogo la operó de meniscos y por reventar un quiste de baker. Tiene todo eso y en el PAMI le piden un certificado de discapacidad.

Solo hasta noviembre le brindarán los medicamentos y partir de diciembre será incertidumbre.

Ahora bien, las razones del organismo son al menos disparatadas. Cuando Silvia quiso obtener más beneficios, como exenciones de impuestos y de transporte, por su condición de jubilada discapacitada acudió a la Agencia Nacional de Discapacidad por el certificado. Eso sucedió en 2015 y cada tres años tiene ella que renovar dicha certificación la cual sirve para presentar en el PAMI.

Ahora bien, las gestiones para ese certificado no son fáciles. Le dieron turno para recién el 27 de diciembre del presente año. El desfase de tiempo puede ser mortal porque aunque presente los papeles, a ella le dijeron que la autorización saldrá "con suerte" para marzo o abril del año que viene.

Está desesperada y no sabe a quién acudir. Acusa al personal médico de malos tratos y falta de consideraciones para una persona que está con complicaciones certificadas en su salud desde hace muchos años y gobiernos también.

"Yo soy jubilada discapacitada desde el año 97; no del 2015. Las discapacidades mías no pueden irse. Les pido al menos una consideración por mis remedios", dijo Silvia.

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