Luego del derrame de petróleo ocurrido en Bandurria hace más de dos semanas, la empresa YPF informó hoy que investiga un nuevo incidente en el yacimiento de Loma La Lata, en la provincia de Neuquén.
En tanto, organizaciones sociales, ambientales y de Derechos Humanos presentaron una denuncia penal por el derrame en Vaca Muerta.

Voceros de la empresa explicaron este martes que "se investigan las causas de un episodio de surgencia de agua, gas y lodo base agua ocurrido el pasado viernes en un pozo convencional" que ocurrió "durante las tareas de acondicionamiento".
Además, en el comunicado de YPF se explica que "en dicha locación operaba un equipo de workover de la empresa contratista Tacker, responsable del servicio".
El producto derramado, según informaron, "fue contenido mayormente dentro del perímetro de la locación" y calculan que el volumen fue de 0,6 metros cúbicos y no hubo afectaciones de ningún tipo al personal.

Apuntan a los controles
"Este último derrame que se conoce de un yacimiento convencional se da en un contexto en el que los controles de la provincia parecieran deficientes. Está todo librado al quehacer de la empresa y el control es una parte muy débil", comentó a NA Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Humanos (FARN). 

Y agregó: "Si bien los derrames ocurren, llama la atención lo sistemático y permanente y esto puede tener que ver con el tema de acelerar los procesos productivos".
Además, Nápoli indicó que "se necesita un marco regulatorio más fuerte para la actividad que lleva adelante la empresa" y que por eso "venimos reclamando desde hace mucho tiempo porque esta actividad tiene protección ya que las empresas que cotizan en bolsa no tienen obligación de dar información de lo que hacen y cómo llevan adelante la actividad".

La denuncia
En tanto, este martes, organizaciones sociales, ambientales y de Derechos Humanos presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén para que se investiguen las responsabilidades penales por el derrame ocurrido el pasado 19 de octubre en el Yacimiento Bandurria Sur, en Vaca Muerta.
Impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Confederación Mapuche Neuquina, y respaldada por Greenpeace, la denuncia busca responsabilizar a los funcionarios públicos del área de Ambiente, así como al secretario de Estado, Jorge Lara, y el subsecretario de Ambiente, Juan Lucchelli.

“No es el primero (el derrame), no es el último, porque tiene que ver con una lógica de esta industria del fracking que no tiene ninguna garantía, ninguna seguridad, que está probado que no te puede garantizar la seguridad y menos todavía la salud del ambiente, porque por esa razón ha sido prohibida en numerosos países”, aseguró Jorge Nahuel, werken de la Confederación.

La presentación judicial también exige, según informó en un comunicado Greenpeace, una investigación exhaustiva sobre las responsabilidades penales de YPF y sus directivos.

El derrame en Vaca Muerta cubrió, como mínimo, un área de 85.000 metros cuadrados, equivalente a ocho canchas de fútbol, a solo 11 kilómetros de la localidad de Añelo en Neuquén.

"Lamentablemente éste no es el único impacto del fracking, verdugo del ecosistema patagónico. Los últimos incidentes provocarán serios problemas ambientales", indicó Leonel Mingo, vocero de la campaña de energía de Greenpeace.
La denuncia presentada por las organizaciones se fundamenta en la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos, que incorporó en el Código Penal Argentino la figura de los delitos o crímenes ambientales, "para el supuesto de quien, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".