El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que la pena de muerte es un "asunto cerrado" porque la Constitución nacional la prohíbe y "nunca formó parte" de su campaña electoral.

"Además de tratarse de una cláusula pétrea (imposible de modificar) de la Constitución, nunca formó parte de mi campaña; asunto cerrado antes de que se convierta en el revuelo del día", dijo Bolsonaro en sus cuentas en redes sociales.

La posibilidad de instaurar la pena de muerte para castigar determinados delitos fue mencionada por el diputado federal reelecto Eduardo Bolsonaro, hijo de quien asumirá la presidencia el 1 de enero próximo.

En una entrevista publicada ayer por el diario O'Globo, Bolsonaro hijo postuló la pena de muerte "para traficantes de drogas, tal como ocurre en Indonesia, y para autores de crímenes atroces. Sé que es una cláusula pétrea de la Constitución" pero "sin embargo, existen excepciones" y "una es para el desertor en caso de guerra", dijo el diputado, y se preguntó: "¿Por qué no colocar otra excepción para crímenes atroces?".

Em destaque no Jornal O Globo de hoje informou que, em meu governo, o assunto Pena de Morte será motivo de debate. Além de tratar-se de cláusula pétrea da Constituição, não fez parte de minha campanha. Assunto encerrado antes que tornem isso um dos escarcéus propositais diários.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 16 de diciembre de 2018

El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro declaró que es partidario de un referendo sobre la pena de muerte. "Para ciertos tipos de crímenes, como los asesinatos premeditados, es necesario un castigo que esté a la altura".

"Si la persona tiene conciencia de lo que hace, creo que sería una medida bien propicia de ser sometida a referendo", afirmó el legislador de 34 años, reelecto con un número récord de votos en octubre pasado.

Además, Eduardo Bolsonaro se declaró favorable a la pena capital para los traficantes de drogas, como sucede en Indonesia, país que visitó en 2017, incluyendo una cárcel cercana a Yakarta. En esa ocasión, el parlamentario solicitó visitar, sin obtener el permiso, el complejo penitenciario de la isla de Nusakambangan, donde dos brasileños fueron ejecutados en 2015 por narcotráfico. "Allá (en Indonesia) esa política funciona. Cuando uno se pasea por las calles no ve a nadie fumando marihuana o usando ningún tipo de drogas. Los traficantes, los políticos que desvían fondos destinados a la salud... Hay muchos crímenes que implican la vida de los demás y para los cuales se podría estudiar la aplicación de esta medida (la pena de muerte)".

En Brasil, la abolición de la pena capital fue inscrita en la Constitución nacional de 1988, redactada tras el fin de los años de plomo de la dictadura militar que estuvo en el poder entre 1964 y 1985.