Luego de una largo proceso que demandó horas, días, semanas y meses de trabajo, ayer concluyó el juicio a los acusados de haber estafado a numerosas familias con la entrega de terrenos en la urbanización Parque la Vega. Pese a las pruebas que la fiscal Mónica Poma reunió durante la investigación y que sustentó durante los alegatos del viernes pasado, el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Ángel Longarte, Victoria Montoya Quiroga y Bernardo Ruiz, resolvió absolver a los seis acusados de los delitos de asociación ilícita y exaciones ilegales y dispuso la libertad de todos ellos “por el beneficio de la duda”. 
El dictamen en favor de los imputados se resolvió por mayoría con los votos de los jueces Longarte y Ruiz. En minoría lo hizo Montoya Quiroga, quien consideró que Barreto y Salazar debían ser condenados a tres años de prisión por el delito de concusión (coima). 
En primer lugar, y por unanimidad, el tribunal absolvió Roberto Martín Nellessen por haberse retirado la acción penal que pesaba en su contra. Estaba acusado de los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas (1 hecho).
En ese mismo sentido, el exsubsecretario de Tierra y Hábitat Víctor Diez Tizón fue absuelto del delito de asociación ilícita por el que había llegado acusado al juicio.
Por otro lado, y con los votos de los jueces Ángel Amadeo Longarte y Bernardo Ruiz, se absolvió al también extitular de Tierra y Hábitat, Diego Nicolás Barreto. El nombrado estaba imputado de los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (30 hechos) y exacciones ilegales simples (8 hechos) en concurso real. En este caso se le aplicó el beneficio de la duda y por tal motivo se le otorgó la libertad una vez finalizada la audiencia. 
En los mismos términos el tribunal se pronunció respecto a Esteban del Corazón de Jesús Clemente, quien estaba acusado de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (20 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos), como integrante de la asociación y partícipe necesario en concurso real. Lo propio ocurrió con Marcela Martínez y Nelson Horacio Salazar.
La investigación relacionada con este complejo caso comenzó el 5 de febrero de 2016 cuando la Subsecretaría de Tierra y Hábitat dispuso la entrega de 833 lotes a familias sin techo en la urbanización Parque la Vega, en la zona sur de la ciudad. El caso generó un verdadero escándalo cuando alrededor de 200 familias se encontraron con la novedad de que los terrenos que les habían adjudicados fueron entregados a otras personas. Hubo casos en que un mismo lote figuraba a nombre de más de dos personas. 
Varios de esos adjudicatarios reconocieron que habían comprado los terrenos a personas que operaban en nombre de funcionarios de Tierra y Hábitat. Los afectados por las estafas realizaron marchas y huelgas de hambre frente a la sede del organismo. A partir de ese momento las sospechas se orientaron en torno a Barreto, quien estuvo al frente del organismo entre 2011 y 2013.
La mayoría apuntó a este exfuncionario la responsabilidad de lo que había sucedido porque el sorteo de los terrenos se realizó durante su gestión. Para calmar las aguas, el Gobierno designó al frente de Tierra y Hábitat al abogado Ángel Sarmiento, quien con el correr de los días confirmó las irregularidades, señalando que muchos lotes, efectivamente, habían sido vendidos, entregados por amiguismo o por cuestiones políticas.

La investigación

Paralelamente a ello, el caso llegó a la Justicia y de las investigaciones se hizo cargo la fiscal de Delitos Económicos Mónica Poma. La funcionaria trató de llegar al fondo de la cuestión. Citó a declarar a todas las personas afectadas y según sus dictámenes corroboró lo que todos sostenían: que los terrenos fueron vendidos por los funcionarios de turno. En el mismo sentido pudo determinar que Barreto había utilizado el loteo con fines políticos. 
Ocurrió que para 2013 el hombre se presentó como candidato a diputado por el partido Miles que lidera el ultrakirchnerista Luis D’Elía. Según la investigación de la fiscal, Barreto ofrecía los terrenos a cambio de que la gente fuera a apoyarlo en lo mitines. Con estas pruebas más otras que sumó a lo largo de la investigación, Poma cerró el expediente y pidió que la causa fuera elevada a juicio. Para la funcionaria, Barreto era el jefe organizador de la asociación ilícita que a su juicio había montado para lucrar y hacer política.
El debate se abrió el 1 de noviembre pasado. Muchos testigos ratificaron lo que dijeron en la instrucción y sindicaron a Barreto como el principal responsable de lo que había sucedido. En los alegatos, la fiscal fue categórica al señalar que a los largo del debate quedó probada la responsabilidad de Barreto en la estafa y por ello solicitó que sean condenado a seis años y medio de prisión. Sin embargo ayer, el tribunal desestimó sus pruebas y absolvió a los acusados por la duda.