La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada hoy por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad al facultar a las fuerzas de seguridad para utilizar armas de fuego en ocasiones que antes no eran permitidas.

Fuentes judiciales informaron que la denuncia, que recaló ante la jueza federal María Servini de Cubría, se basa en que Bullrich aprobó el Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad y habilita a disparar a presuntos delincuentes en situación de fuga.

La denuncia la realizó el exjuez federal de La Plata Carlos Rozansky y es por supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El exjuez Carlos Rosanzky

La reglamentación permite a las fuerzas federales de seguridad "hacer uso de armas  de fuego para proceder a la detención de quien represente un peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" o "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención".

"De esta manera se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad. Ello en un país que hace largos años desterró dicha pena de su legislación y se comprometió a no volverla a establecer conforme a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a no privar a nadie de la vida arbitrariamente (conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos)",  sostuvo Rozansky.

Además, según el exmagistrado, la nueva reglamentación "intenta legitimar" lo que la dictadura aplicaba como "ley de fugas", esto es la ejecución extrajudicial de personas, muestra acabada de barbarie asesina".

"Autorizar a las fuerzas a efectuar disparos de armas de fuego a quien ha cesado de causar una agresión en intenta huir, es autorizarlas a ejecutarlo extrajudicialmente", concluyó.

El exsubsecretario de Derechos Humanos en el kirchnerismo, Luis Alen, es otro de los denunciantes. Junto con Rosansky pidieron suspender la aplicación de la resolución hasta que se dicte una sentencia definitiva "en atención a la gravedad de la situación que plantea" y que "puede ocasionar la muerte de personas".

Para ello Rozanski y Alen reclamaron el dictado de una medida cautelar, además del llamado a declaración indagatoria a Bullrich y que se dicte la inconstitucionalidad de la resolución 956/2018.

La Constitución Nacional "prohíbe la pena de muerte" y además "prohíbe a cualquiera que no sea el Congreso legislar en materia penal", señalaron. "Queda más que claro que incluso si no estuviera prohibida la implantación legal de la pena de muerte en nuestro país, tampoco podría hacerlo una funcionaria dependiente del Poder Ejecutivo, como es la Ministra de Seguridad", concluyeron.