Los sindicatos y los agricultores de Francia se comprometieron hoy a unirse a las protestas nacionales contra el presidente Emmanuel Macron, ya que las concesiones del gobierno no lograron frenar el impulso de las manifestaciones más violentas que Francia ha visto en décadas.

Las protestas nacionales de los denominados "chalecos amarillos" comenzaron el 17 de noviembre en el interior de Francia para oponerse a un proyecto para aumentar los impuestos a los combustibles, el gas y la electricidad.

Luego de tres semanas de violencia, que dejaron un saldo de cuatro muertos, más de 400 heridos y 600 detenidos, según cifras del diario Le Parisien, el primer ministro Édouard Philippe anunció ayer la primera marcha atrás importante de la Presidencia de Macron, al suspender por seis meses el aumento de los impuestos al combustible que iba a empezar a regir desde el 1 de enero.

Philippe habló de una "moratoria" del incremento de las tasas sobre los combustibles mientras se abre un periodo de concertación. Sin embargo, el vocero del gobierno, Benjamin Griveaux, reconoció hoy que "si hay algo que no funciona, no somos sordos, lo cambiaremos", en declaraciones a la radio RTL.

Se suman otros sectores
Pese al retroceso del gobierno galo, hoy la protesta se extendió a otros sectores de la sociedad francesa. Estudiantes secundarios y terciarios impidieron el acceso a numerosos centros de estudio para protestar por un nuevo sistema de solicitud de la universidad, en el sudoeste de Francia operaciones sorpresa bloquearon decenas de puestos de peajes y propietarios de pymes cortaron rutas en varios puntos del país para protestar por los altos impuestos.

Asimismo, el mayor sindicato de agricultores de Francia, Fnsea, anunció hoy que se une a la protesta de los "chalecos amarillos" y que se manifestará la próxima semana, luego de que los sindicatos de camioneros (CGT y FO) convocaran a una huelga desde la noche del domingo, informó la radio France Inter.

Hasta ahora, los sindicatos no jugaron un rol importante en el heterogéneo movimiento de protesta, pero esta semana buscaron capitalizar la creciente rabia popular, consideró el vespertino Le Monde en un editorial.

Entretanto, la Policía francesa realizó operativos para desalojar la mayoría de los depósitos de combustible que los manifestantes habían bloqueado, pero la escasez de nafta continuó golpeando varias partes de Francia, con cientos de estaciones de servicio afectadas.
El Ejecutivo se prepara también a convocatorias de nuevas manifestaciones el próximo sábado en París y en todo el país, con el riesgo de que degeneren en violencia.

Ante este escenario, el principal sindicato policial de Francia, Unité SGP Police, exigió nuevamente al gobierno, mediante un comunicado, que instaure el estado de emergencia y reclamó que el Ejército se sume a los 65.000 policías desplegados en todo el país para contener la protesta social.
De su lado, el gobierno insinuó hoy que está preparado para hacer más concesiones al movimiento de protesta de los "chalecos amarillos", incluyendo una posible marcha atrás en una polémica decisión de bajar impuestos a los más ricos.

El entorno de Macron, que corre contrarreloj para tratar de poner fin a la mayor crisis de su mandato, reconoció que estudia aceptar una de las reivindicaciones que más repitieron los manifestantes, oriundos mayormente de zonas rurales o pequeñas localidades del interior, que piden se restablezca el impuesto sobre la fortuna (ISF) que el mandatario eliminó el año pasado.

El líder francés, de 40 años, hizo de la eliminación ese gravamen uno de sus caballitos de batalla durante la campaña para las elecciones de mayo de 2017, con el argumento de que desalentaba las contrataciones y ahuyentaba a los emprendedores.