Tres acontecimientos han marcado la agenda económica de Salta la semana pasada, por supuesto no son buenas noticias por el efecto social o en cascada que puede ocasionar lo ocurrido.

Todos comprometen el equilibrio social, el desarrollo económico y el futuro de Salta.

Las arbitrariedades y la prepotencia, asociadas a las marchas y contramarchas de una provincia sin proyecto productivo, amenazan a los dos ingenios, que son fuente de empleo genuino para siete mil familias, y al desarrollo agroganadero, sin el cual no se podrá superar jamás la pobreza y la exclusión en el Chaco salteño.

La presión de Bergman

Inexplicable. El ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, exigió mediante una resolución que 32 fincas de nuestra provincia que ya habían sido autorizadas por nuestra provincia a desmontar para generar desarrollos agrícola-ganaderos, reforesten el monte nativo porque "no se cumplieron los protocolos".

Transcribo el artículo 1 dice así: " Establécese que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo, otorgadas por la Autoridad Local de Aplicación de la Provincia de Salta en el marco de los decretos provinciales N§ 2211/10 y N§ 3138/10 resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley N§ 26.331 y complementarias por modificar regresivamente y de manera relevante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos aprobado por Ley provincial N§ 7.543 y su normativa complementaria".

Por si no se entendió bien, el ministro nacional está pidiendo que 32 fincas que vienen trabajando legalmente desde hace siete años, con actividades de adecuación para pasturas, agricultura y ganadería -lo que la cartera porteña denomina "deforestación"- deshagan todo lo hecho y vuelvan a sembrar flora nativa.

Y lo pone de manifiesto en su artículo 2 cuando dice: "Instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones del artículo 1 de la presente, respecto de los predios alcanzados pendientes de desmontes", y el artículo 3: " Insta (pero también amenaza) a la autoridad local de aplicación de la Ley N§ 26.331 de la Provincia de Salta a restaurar los ambientes de bosques nativos desmontados en el marco de las autorizaciones del artículo 1 de la presente, conforme al artículo 40 de la Ley N= 26.331 y su decreto reglamentario..."

La Provincia pudo haber cometido errores o inconsistencias. Tanto al pintar de amarillo lo que tenía que ser verde y luego, al haber autorizado dichos desmontes, pero la interpretación que realiza el funcionario nacional la tendría que haber hecho un juez, y no un ministro, y con ese dictamen aplicar lo que le corresponde en cada una de las autorizaciones hechas por el Ejecutivo provincial.

También debió analizar si los criterios que aplican son adecuados al caso de los lotes salteños.

Por otro lado entiendo que esta resolución tendría que haber sido rechazada por nuestro gobernador ya que vulneraría la seguridad jurídica al notificar a los titulares de estos emprendimientos que suspendan sus actividades instando a restaurar los ambientes de montes nativos desmontados, decisión totalmente desacertada ya que fueron autorizados por el Gobierno de la Provincia, contradiciendo, además, los criterios federales y productivos para el desarrollo de la región y el país, estandartes del Gobierno nacional.

Trabajo genuino, en crisis

Los dos ingenios azucareros de nuestra provincia han informado que el impacto de las medidas del Gobierno nacional, provincial y el elevado costo laboral las han llevado a tomar decisiones que perjudican no solo a los trabajadores que trabajan directamente en relación de dependencia sino también a los que en forma indirecta como transportistas, proveedores de alimentos y otras actividades se ven perjudicados.

El ingenio San Isidro ubicado en Campo Santo fue fundado en el año 1.760 por don Juan Fernández Cornejo, orgullo de los salteños por ser la industria más vieja del país.

Los directivos de esta empresa tomaron la decisión de cerrar la planta, presentando ante la Dirección Nacional de Trabajo lo que conocemos como Procedimiento Preventivo de Crisis contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo, significa que los 710 empleados en relación de dependencia quedaran desvinculados de esta empresa.

El ingenio San Martín del Tabacal despidió a 181 empleados de su planta ubicada en la localidad de Hipólito Irigoyen muy cerca de la ciudad de Orán, esto significa que muchas familias quedan sin tener un ingreso que les permita vivir dignamente también por la cantidad de trabajos informales que se pierden.

La espada de Damocles

La problemática de estos ingenios para tomar estas decisiones no fue casual ni oportunista ya que vinieron anunciando a las autoridades la situación por la que atraviesan, entre las más importantes mencionaron las siguientes:

a) El aumento de los aportes patronales del 17% al 19.5 %, más la derogación del decreto N§ 814/01 y al derogarse la deducción contra el IVA del 10,5%, e implantarse una nueva deducción de un monto fijo, no compensa estos efectos, cosa que sí lo hace en el resto del país donde el impacto del decreto 814/01 es menor y los salarios más bajos. En el caso de estos ingenios que pagan salarios muy altos relacionados con la media duplica el aporte.

b) Prohibición de sumas no remunerativas: junto a los altos jornales se pagan dentro del convenio sumas no remunerativas que alcanzan al 33% adicional, si a estos montos se les adicionan los aportes previsionales llegan a una abultada cifra con una incidencia significativa en los costos.

c) Reducción del precio de venta de biocombustibles: fue rebajado un 13,89% (decreto 449/17), está autorizado a mezclar las naftas con un 10% de este subproducto, insólito y para retroceso de esta actividad regional, reducen el precio del biocombustible pero aumentan el valor de las naftas.

d) Presión tributaria: es fuerte la incidencia del impuestazo implementado por el Gobierno provincial al aumentar la tasa del impuesto a las actividades económicas.

e) Cambios del impuesto al cheque: ahora se lo puede tomar como parte de pago del impuesto a las ganancias, estas empresas demostraron que durante varios ejercicios anteriores tuvieron y tienen pérdidas.

f) Inversiones sin resultado: estos ingenios vinieron realizando inversiones más que significativas siendo cuestionadas por sus accionistas ya que no retiran dividendos.

g) Mercados: baja del precio internacional del azúcar ocasionada por la disminución del consumo

h) Gremios: la presión sindical y los constantes días de paro que perjudican cualquier planificación del trabajo y productividad.

Estas son razones válidas para entender las decisiones tomadas. Lo preocupante es la gente que queda sin empleo, más el trabajo indirecto que se genera en el caso del cierre y despidos de estos ingenios, apelando a la sensibilidad social y a otras inversiones para reinsertarlos al sistema productivo regional que en estos tiempos no es fácil

No solo Salta tiene esta problemática también ingenios de Jujuy y Tucumán. Por eso me preocupa cuando veo que muchos funcionarios organizan viajes al exterior para buscar inversores cuando los que ya están instalados e invirtiendo en nuestro país carecen de apoyo del Estado, que mira indiferente lo que ocurre y nunca presta atención a las luces de alerta de derrumbe. ¿Qué estamos haciendo para garantizar la seguridad jurídica e intentar retenerlos?