El Gobierno reavivó el proyecto para que los sindicalistas que son titulares de obras sociales deban hacer público su patrimonio, aunque todavía no definió cómo tocará esa fibra sensible del mundo gremial a pocos días de la marcha del 21-F. El pasado viernes, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Sandro Taricco, mantuvieron una reunión para reactivar el análisis técnico de la iniciativa.
El plan oficial ya está escrito en dos borradores. Pero uno y otro plan implicarían tiempos diferentes. Por un lado, Alonso incluyó un artículo que apunta a los bienes de los sindicalistas en el nuevo proyecto de "ley de integridad", el nombre con el que se bautizó la nueva ley de ética pública, que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso. En paralelo, en la Casa Rosada redactaron el boceto de un decreto para garantizar la libre accesibilidad a los datos patrimoniales de los jefes de las obras sociales.
El viernes pasado, en la antesala del Carnaval, Taricco invitó a Alonso a almorzar al Club Alemán para reactivar los proyectos de transparencia conjuntos, que tienen bajo la lupa a los gremialistas. Ambos funcionarios habían mantenido un encuentro un mes atrás, pero el pulso político, marcado por la controversia que desató el caso de Jorge Triaca con su empleada doméstica, sumado a la tensión creciente entre el Gobierno y Hugo Moyano, habían puesto un pie en el freno de la iniciativa.