Excedidas en sus atribuciones. Así están, según los productores y sus asesores legales, Nación y Provincia en cuanto a las resoluciones que emitieron para detener los desarrollos productivos en 32 campos legalmente habilitados.

Acompañado por su abogado, Adolfo Arias Linares, el productor Gastón Larrán afirmó: "A nuestro criterio la Nación ha dictado una resolución sin tener ninguna autoridad para hacerlo porque es facultad de las provincias todo lo relacionado a los recursos naturales en sus distritos y la forma de reglamentar su uso".

"La propia medida de Nación lo reconoce, porque no dicta una resolución dispositiva que suspenda los desmontes o las autorizaciones, sino que exhorta a la Provincia a adoptar la medida", agregó, y dijo que "la Provincia, frente a eso, ha dictado una resolución ministerial en la que, por un lado defiende la legalidad de su actuación tanto en el otorgamiento de los permisos, en la reglamentación de la ley y en la propia ley provincial; pero luego, contradictoriamente con ese considerando que viene haciendo y, con el fin de resguardar los derechos de los permisionarios, suspende provisoriamente la ejecución de los permisos que ha dado".

"Eso es -continuó- jurídicamente incorrecto, porque existe un principio en derecho administrativo que es la irrevocabilidad de los actos administrativos que conceden derechos a los particulares, y este es un caso típico".

Arias Linares expuso que "Larrán ha cumplido con toda la reglamentación: ha presentado los estudios correspondientes y ha solicitado autorización para el cambio de uso de suelo y, luego de estudiar su pedido, la Provincia le ha dicho que sí y han dictado una resolución que les concede autorización para el cambio de uso de suelo. Luego se lo han notificado y en la práctica se ha ejecutado. La ley de procedimientos administrativos dice que ese acto no puede ser revocado en sede administrativa. Porque ya concedió un derecho individual que no puede ser dejado sin efecto".

"No tienen ninguna facultad para dejar sin efecto esto, y obviamente que no han tenido en cuenta, más allá de la opinión pública y la presión de los organismos ambientalistas, que acá hay derechos individuales", objetó.

En la misma línea, Carlos Segón consideró que "es una resolución que no tiene ningún fundamento, porque todos los permisos han sido otorgados dentro del marco de la ley, incluso con audiencia pública, que es la instancia donde se debería haber presentado cualquiera que quiera registrar una oposición".

"Por lo menos en los casos de clientes míos, en las audiencias públicas no se presentó absolutamente nadie a cuestionar el proyecto, por eso llama la atención que se haga una suspensión masiva, sin haber analizado los casos particulares", cuestionó.

"Lo curioso -indicó- cuando ordenan parar los trabajos es que el argumento que dan es proteger y dar seguridad jurídica a los beneficiarios, cuando en realidad están generando todo lo contrario", dijo.

Segón especuló que "si no hay solución habrá que suspender las tareas, lo que significa tener que despedir maquinistas, alambradores y personal que está abocado al desarrollo".

"El gran riesgo de todo esto -dijo- es que no sabemos lo que pasará después, porque la resolución de Bergman no solo pide frenar los desarrollos, sino restaurar; lo cual significa volver atrás las inversiones ya hechas, una cosa totalmente tirada de los pelos".

A Ignacio Pisani, por su parte, le preocupa que "hasta ahora la Provincia ha bailado con la música que pone Nación; antes con el kirchnerismo y ahora con el macrismo".

"Hoy el ministro Bergman hizo una sugerencia sobre algo que es de incumbencia plena de la Provincia y, ante esa sugerencia el Gobierno ha frenado la producción nuevamente", lamentó.

El productor aseguró que "esto es muy malo para la provincia, no solo porque frena la producción sino porque genera un antecedente de inseguridad jurídica enorme: ¿Quién va a venir a una provincia donde se escribe una cosa con la mano y se borra con el codo dos días más tarde?", cuestionó y contestó que "esto es gravísimo".

"Más allá de que yo u otro productor perdamos toda la inversión que realizamos, la gravedad radica en que nadie va a venir a invertir en una provincia que no brinda seguridad jurídica", aseveró.

Poca claridad

Finalmente, Ricardo Roquette afirmó que "esta medida nos afecta mucho, por la inseguridad jurídica que hay en el país, que te da un permiso y después te lo saca, aunque uno haya hecho todo por derecha".

"Nosotros tenemos 19 años en Argentina, en los que el accionista nunca sacó un peso del país, todo se reinvirtió, somos una empresa en la que la mayoría de los puesteros nuestros son de la zona", señaló Roquette.

El productor advirtió: "Nos sentimos parte de Salta y esta medida lo único que hace es que el accionista se plantee si es conveniente seguir en la provincia".

"No queda claro lo que está pasando. La Nación ahora dice que solo hizo una sugerencia, pero la Provincia frena todo, por las dudas", se quejó porque "nosotros tardamos tres años en obtener nuestro permiso, hicimos todo tal como nos pedían: estudio de impacto ambiental, audiencia pública, permisos, todo lo que pidió el ministerio y, al cabo de tres años, tuvimos el permiso".