Salta tiene una deuda grande con las mujeres. En los últimos años se ubicó entre las provincias que tienen mayor cantidad de femicidios y tasas más altas de violaciones.

En 2017 mataron a 24 mujeres en la provincia, según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, es decir que hubo casi dos femicidios por cada 100 mil habitantes.

En los años 2014, 2015 y 2016 Salta se ubicó entre las provincias con las tasas más altas de víctimas de violación. Estuvo en segundo lugar en 2014; en primer lugar, al año siguiente, y en segundo lugar, de nuevo, en 2016.

Con mucho trabajo por hacer, desde el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia dieron ayer inicio al Mes de la Mujer y difundieron las actividades que tienen previstas para las semanas próximas.

Consultada sobre lo que hace falta para mejorar la situación de las mujeres, la subsecretaria de Políticas de Género, Rosaura Gareca, respondió: "Entendemos que trabajar en la deconstrucción de la cultura machista es un proceso que tiene varios actores, como la complejidad lo amerita. Lo estamos haciendo desde distintos ámbitos pero sin duda las estadísticas sobre los femicidios nos marcan que es necesario profundizar ese trabajo y continuar ese camino".

Según datos de la Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2016 Salta fue la segunda provincia con tasas más altas de violaciones, a razón de 18,5 cada 100 mil habitantes. La tasa nacional, en cambio, fue de 8,5 violaciones por cada 100 mil personas.

Ante casos de abusos sexuales en la provincia hay un protocolo que implica la aplicación de un kit de profilaxis y la pastilla del día después para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Sin embargo, Gareca observó que "hay casos en que los operadores (de Salud) tienen algunas resistencias" al momento de aplicar el protocolo, sobre todo en los departamentos alejados de la Capital.

Explicó que desde la Subsecretaría hacen talleres para cambiar esta situación: "La capacitación a los operadores es necesaria para que estén sensibilizados y formados, dejen de lado sus opiniones personales y brinden el acceso a los derechos de las personas víctimas que toman contacto con el servicio de Salud".

Aborto no punible

En la provincia existe un procedimiento que debe aplicarse en casos de embarazos producto de violación o en los que corre peligro la salud de la mujer.

Según el informe anual 2017 del Observatorio de Violencia contra la Mujer (OVcM), en el Hospital Público Materno Infantil se han realizado solo cinco prácticas de aborto no punible desde marzo de 2012, momento en que entró en vigencia el Decreto 1.170.

"No hay discusión sobre que el acceso al aborto no punible tiene que ser garantizado y hay que remover todos los obstáculos que se ven en la práctica para que eso se haga", señaló Gareca. "Los reclamos de las organizaciones y del OVcM son por la revisión de los instrumentos existentes. Entiendo que es una discusión que se tiene que dar y que tienen que escucharse todos los actores", comentó.

En las escuelas

La Educación Sexual Integral es un derecho por ley 26.150 desde 2006 y, si bien está prevista en las currículas como tema central y transversal, su implementación real y efectiva es cuestionada. "Desde el año pasado a través de los ministros de Gobierno y de Educación se hace un trabajo conjunto para asegurar que no solo esté en las currículas sino que también se dé en las aulas. Desde el Ministerio (de DDHH) apoyamos con capacitaciones a docentes y a estudiantes. Entendemos que es fundamental para deconstruir esta cultura en la que estamos inmersas y para construir una más igualitaria", dijo Gareca.

La funcionaria planteó que para lograr cambios trabajarán en torno a tres ejes. Primero, el empoderamiento de las mujeres "para que todas comprendan que tienen derecho a una vida libre de violencia". Segundo, el trabajo con los varones "para que ellos puedan también acompañar este proceso de deconstrucción de la cultura machista y de los roles estereotipados".

Por último, el fortalecimiento del sistema de protección "para dar una respuesta adecuada a la mujer en situación de violencia para que esta no empeore, no ocurra otro hecho y no tengamos que lamentar femicidios".