Un revés judicial hubo en el caso de supuesta estafa con el loteo de Parque La Vega, en el que están imputados exfuncionarios provinciales. La Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto el Rodrigo Diez Tizón, quien sucedió a Diego Barreto en el cargo de subsecretario de Tierra y Hábitat de la Provincia. Barreto también irá a juicio.

Diez Tizón había realizado una presentación contra una resolución de la Sala II del Tribunal de Impugnación, que no hizo lugar a la queja por recurso de casación denegado.

La defensa de Diez Tizón se había opuesto al requerimiento de elevación a juicio y había solicitado el sobreseimiento. Argumentaron que "el hecho no constituiría delito", algo que el juez desestimó y pidió que se haga el juicio.

Tras no lograr fallos favorables en primera instancia y con una respuesta negativa al recurso de queja en el Tribunal Impugnación, la Corte también rechazó otra vía que utilizó la defensa: el recurso de inconstitucionalidad.

A la Corte de Justicia le compete intervenir en los recursos de inconstitucionalidad y en la queja por su denegación. Ahora bien, el recurso de inconstitucionalidad procede respecto de sentencias definitivas.

En la causa -señalaron los jueces- "resulta aplicable el criterio de esta Corte según el cual las resoluciones que obligan a continuar sometido a proceso criminal no resultan equiparables a sentencia definitiva", es decir que sencillamente no existe resolución susceptible de impugnación por la vía del recurso de inconstitucionalidad.

La disposición del juez de Garantías que dispuso la remisión de la causa a juicio y desestimó la oposición formulada por la defensa no es una sentencia definitiva (ni asimilable a ella), por lo que no provoca un estado de indefensión, como así tampoco un daño irreparable para el imputado.

El juicio contra Barreto, Diez Tizón y otros imputados estaba previsto para principios de septiembre pasado, pero se suspendió a raíz de la presentación que llegó a la Corte.

El caso se descubrió en febrero de 2016 con la distribución de 875 terrenos destinados a familias sin techo por parte de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. Alrededor de 300 beneficiarios resultaron afectados por una fraudulenta maniobra.

A partir de las denuncias realizadas por los damnificados se determinó que detrás de la entrega de lotes se ocultaba un oscuro negociado que se gestaba desde la propia estructura del organismo.

La investigación fue realizada por la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma. La causa se caratuló como asociación ilícita, entre otros delitos.

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