Las aguas del Pilcomayo se retiraron hace cinco meses, dejando atrás uno de los peores desastres que se recuerden en las tierras del legendario cacique Magú Pelá. Wichis, tobas, chorotes, tapietes y chulupíes son dueños de casi toda esa inmensidad chaqueña, pero viven prácticamente sin nada. Esa es la paradoja que las descomunales crecidas de fines de enero y comienzos de febrero sacaron a relucir en el extremo noreste de la provincia de Salta, a 500 kilómetros de la capital, en el último verano.

El éxodo aborigen terminó con 402 familias, de cuatro de las cinco etnias originarias de la zona, agolpadas sobre la ruta provincial 54. Son más de 2.000 personas -en su inmensa mayoría niños y niñas- que aún tienen grabadas en sus retinas la pesadilla del mar de lodo que forzó su destierro.

Josué, el bebe de Toribio y Elisa, llegó al mundo justo antes del diluvio y los desbordes que obligaron a evacuar a más de 7.000 personas en 24 horas angustiantes. El niño wichi es demasiado pequeño aún para entender por qué el cacique de su comunidad, Rogelio Segundo, lloró sin consuelo, hace cinco meses, al ver a los suyos empapados, impotentes y con lo puesto frente al amargo desafío de "empezar desde cero".

Josué fue el profeta bíblico al que Dios eligió para conquistar la tierra prometida. El bebé wichi que tiene puesto su nombre es uno de los habitantes más pequeños de La Curvita Nueva. Allí y en otras comunidades originarias también se necesitan pequeños milagros. "Is chik wichi tichun n'okwehen", es el ruego con el que el pueblo wichi pide "qué la gente piense en nosotros".

La Curvita Nueva

La comunidad de La Curvita está conformada por 133 familias que, por recomendación de su consejo de ancianos, decidieron abandonar toda la infraestructura social con la que contaban cerca de la costa del río Pilcomayo. Se relocalizaron en un sitio más alto y protegido de los desbordes. Lo llaman La Curvita Nueva.

La reconstrucción de la comunidad comenzó hace dos semanas con la llegada de los primeros materiales. A 20 kilómetros de Santa Victoria, en la banquina norte de la ruta 54, equipos de transporte descargaron 80.000 ladrillones, 60.000 ladrillos, 1.330 bolsas de cemento, 133 puertas, otra igual cantidad de ventanas de madera y grandes volúmenes áridos llevados desde Orán.

En el mismo descampado se bajaron máquinas hormigoneras, carretillas y herramientas de la construcción con las que miembros de la propia comunidad levantarán sus nuevas viviendas.

Esperan tener finalizadas en 45 a 60 días las construcciones básicas (una habitación y un baño con paredes de material sólido) para que puedan instalarse las redes eléctricas y las conexiones domiciliarias. Ese es el plazo de ejecución que convinieron con la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de Salta, Edith Cruz, los referentes de la comunidad.

La urbanización está planificada sobre una cuadrícula de 44 manzanas, con dos accesos desde la ruta 54, avenidas de doble circulación y arterias de un sentido de 6 metros de ancho. Las 133 viviendas se dispondrán en 27 de las manzanas. Otras tres, del sector central, serán destinadas a la nueva escuela y a dos plazas.

La Curvita Nueva cuenta con un pozo de agua que se perforó con anterioridad al éxodo aborigen y tiene un suministro de energía provisorio. La red eléctrica definitiva ya fue aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, pero no podrá instalarse mientras no se terminen los núcleos habitacionales básicos por razones de seguridad.

En mayo, familias reubicadas junto a la ruta 54 cortaron el camino en reclamo servicios esenciales y asistencias. El violento despeje policial dejó decenas de heridos con balas de goma y terminó con el cacique Rogelio Segundo y el dirigente Mario Segundo detenidos en Aguaray. Al día siguiente ambos dejaron la comisaría acompañados por la ministra Cruz, quien se había enterado de la represión por los medios. Después de aquel jueves de furia llegó a La Curvita un grupo electrógeno para que pudieran iniciarse las clases en las aulas móviles que envió el Ministerio de Educación.

En ese tenso contexto, Nación y Provincia apuraron la adquisición de materiales para las mejoras habitacionales reclamadas por familias de La Curvita y de otras comunidades vecinas desplazadas por el desborde del Pilcomayo. El Gobierno nacional transfirió $2,5 millones y el provincial puso otros $5,2 millones.

Así salieron pobladores de La Curvita en febrero.

Diez comunidades reubicadas en la 54

Más de 150 familias se establecieron a la vera de la ruta, en Santa María.

En la zona de Santa María, a 16 kilómetros de Santa Victoria Este, hay más de 150 familias de diferentes etnias reubicadas en precarias condiciones a ambos costados de la ruta 54. Fueron evacuadas de distintas misiones hace más de cinco meses y decidieron no regresar a las áreas costeras que quedaron bajo agua en la pasada temporada de lluvias. 

Varios caciques transmitieron al Gobierno provincial, al municipio de Santa Victoria Este y medios de prensa el temor que sienten las familias desplazadas, sobre todo niños y niñas, ante la sola idea de volver a encontrarse en semejante zozobra.

Entre los grupos que optaron por relocalizarse hay 20 familias de la comunidad 13 de Enero (cacique Mateo Torres); 19 de La Golondrina (Juan Carlos González); 20 de Cruce Nueva (Ruperto Dixon); 16 de Anglicana 2 (Héctor Constantino); 8 de Cañada Larga (Lemir Paz); 18 de Padre Coll Vieja (Moisés Menéndez). También tomaron esa decisión 15 familias que responden al cacique Eduardo Severo, otras 15 de El Retiro (ex Pozo La Yegua) y 22 más de Santa María.

El Ministerio de Asuntos Indígenas anunció que todos los grupos que se reubicaron y tiene relevados esa cartera recibirán desde la semana entrante los materiales y herramientas para la construcción de las nuevas viviendas. También se informó que durante el tiempo que duren los trabajos los módulos de asistencia alimentaria se entregarán con refuerzos semanales.