El convenio entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Municipalidad de Salta para los controles de tránsito dentro del ejido capitalino vuelve a traer dolores de cabeza al Ejecutivo comunal. Es que desde el Concejo Deliberante amenazan con rechazarlo por interpretar que vulnera la autonomía municipal.

El acuerdo fue rubricado el 22 de marzo pasado por el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, y el intendente Gustavo Sáenz y una de sus cláusulas establece que debe ser ratificado por el cuerpo legislativo de la ciudad. Aún así, las pautas establecidas en el documento se empezaron a llevar adelante desde el momento de las firmas del funcionario provincial y el jefe comunal.

El principal punto en conflicto es que se autoriza a la Policía Vial a labrar multas en cinco puntos fijos dentro del territorio capitalino y la recaudación de las mismas van a parar a las arcas provinciales. Esto se lleva adelante en tres puestos de la ruta 28, en el expeaje de Aunor y tras el puente sobre el acceso a la Universidad Católica.

En tanto, la Vial puede participar en operativos de control junto a agentes de Tránsito municipal y el resultado de las actas de infracción que se labren se divide a la mitad para las dos administraciones.

La Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial del Concejo Deliberante aún ni siquiera emitió dictamen para que se vote en el recinto sobre la aprobación o no del convenio.

Ayer hubo una reunión entre los integrantes de la Comisión y el subsecretario de Tránsito, Juan Carlos Garrido, para analizar los alcances del acuerdo. Estaban citados para la jornada el juez del Tribunal de Faltas Municipal, Carlos Caruso, y el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo, pero ambos faltaron, por lo que se dispuso volver a invitarlos para el jueves próximo, al igual que al secretario de Gobierno de la Municipalidad, Ricardo Villada.

En la reunión de ayer el presidente de la Comisión de Tránsito, Ernesto Alvarado, volvió a plantear su posición contraria al convenio, sobre todo del artículo 4 del mismo, que habilita a la Vial multar a automovilistas en los puestos fijos.

"Es ceder autonomía municipal, sobre todo entendiendo que el organismo natural para solucionar los problemas en relación al tránsito es el Tribunal de Faltas", dijo en la oportunidad el concejal. Y agregó: "Sometemos al vecino a dos jurisdicciones, cuando la facultad es pura y exclusivamente de la Municipalidad".

Por su parte, el edil Raúl Córdoba, miembro de la Comisión de Tránsito, brindó su apoyo al convenio. "Aquí no están en juego las autonomías de las instituciones, eso no se pone a consideración. Sino que lo que se está elaborando es un convenio de colaboración, donde no hay un superior ni un inferior, cada uno sigue siendo autónomo", dijo.

Chispazos

Apenas firmado el convenio, hace más de cinco meses, se empezaron a escuchar fuertes cuestionamientos desde el seno del Ejecutivo municipal sobre algunas cláusulas del documento.

El jefe de Gabinete de la comuna, Luis María García Salado, fue el principal crítico y apuntó contra su compañero Ricardo Villada, por incluir en el acuerdo, que luego firmó el intendente, puntos que implicaban que el municipio "perdiera plata y potestad", según dijo a El Tribuno en una nota publicada el 12 de abril.

"No se consultó -recalcó García Salado- lo que se había hecho con la Subsecretaría de Tránsito en su momento y, simplemente, se recurrió a una hoja de trabajo que tenía la Agencia Vial y eso fue lo que se hizo para firmar, pero le faltaban cosas que son importantes".

De hecho en Tránsito municipal aún hoy no terminan de digerir ni percibir los supuestos beneficios del convenio que igual tienen que acatar.