José Chinchiyam tenía dos años. Murió calcinado hace dos semanas en el barrio La Ciénaga. Falleció en su casa, una suerte de rompecabezas de lona, chapas y madera. No tenía luz, y el incendio se habría provocado por una vela. "Era evitable", dijo Javier Saldaño, de la organización Techo.

En la provincia son 13.117 las familias que no disponen de una conexión normal al servicio eléctrico, según el último relevamiento Barrios Populares (Renabap), que llevó a cabo Techo con otras organizaciones. Si se tiene en cuenta una familia tipo, son más de 50 mil los salteños que viven en estas condiciones.

En la capital salteña son 13 mil personas. Existen 41 conglomerados precarios en los que residen 6.820 familias y donde más de la mitad no tiene acceso a la luz de manera regular.

La falta del servicio seguro y formal en estas casas afecta al 65 por ciento de la población que sobrevive en viviendas precarias y con problemas para acceder a los servicios básicos.

Según el relevamiento de Techo, son más de 20 mil familias en Salta con riesgo latente por no contar con luz, agua y cloaca.

Los últimos siniestros por la privación de los servicios como la energía generan alarma en los asentamientos. Muchos barrios arrastran la clandestinidad desde hace más de 20 años.

Son más de 20.180 familias que viven en 154 asentamientos, donde cuentan con al menos dos de los tres servicios básicos. El promedio de existencia de las barriadas populares es de 24 años. Floresta es el claro ejemplo. Es uno de los asentamientos más antiguos de la ciudad, pero que aún hoy accede al agua gracias a un camión cisterna.

"Se organizan a través de conexiones comunitarias o se conectan de forma irregular. No hay quién lo haga de forma profesional, son conexiones mal hechas que no tienen los materiales que son los mínimos e indispensables", explicó Saldaño.

Muertes

Ana Saleme fue coordinadora del estudio en todo el noroeste argentino. Invita a pensar la falta de servicios como el desencadenante de un serie de situaciones precarias que representan un peligro de muerte latente.

"Tenían que estar con una vela porque no tenían luz. Al prenderse fuego la casa y ser muy precaria, era inflamable. Al no tener gas explotó la garrafa, y por no contar con agua a los vecinos se les complicó poder frenar ese incendio. Fue una tragedia en la que la única causa fue la pobreza y la marginalidad que vive esa familia", graficó Ana sobre la muerte del niño de dos años.

Si bien las catástrofes que se registran son incendios a raíz de la falta del servicio eléctrico, existen otras marginalidades que con el tiempo traerían problemas a la salud. De las 20 mil familias, más del 98 por ciento no tiene acceso al agua de manera formal, mientras que el 99 por ciento está privado del sistema cloacal.

"El que vive en un asentamiento corre riesgo en forma permanente. Y no solo por la luz, también por estar conectados de forma irregular al agua", aseguró Saldaño.

"El tema del agua es más complicado en el norte, consumir agua en tan mal estado termina con deshidratación o enfermedades muy complicadas, sobre todo en los chicos. Es muy peligroso", manifestó la coordinadora del Renabap.

"En muchos barrios los residuos cloacales están dispersos en la calle, donde los chicos juegan, exponiéndose a riesgos en la salud. No son tragedias como la de José, pero sí hacen mella con el tiempo", agregó el voluntario de Techo.

Según la coordinadora del Renabap, estos barrios están compuestos por muchas familias de madres solteras. 
“Hay un gran porcentaje de mujeres solas”, resaltó Saleme. Recordó el caso de una mujer que vive con sus dos hijas en Finca San Francisco, a quien la baja de tensión le quemó el nebulizador que había comprado para sus dos hijas con problemas pulmonares. 
Los conglomerados que fueron registrados en el estudio pueden acceder a un certificado de vivienda habitacional, un papel que visibilizaba a los que “no figuraban en el mapa” y, por ende, los privaba de poder acceder a los servicios públicos. “Se crea el certificado de vivienda que lo expide Anses”, explica la voluntaria, que asegura que con este papel “ya no hay excusas”. 
“Antes se lo negaban porque decían que no figuraban en el mapa, que no podían poner los servicios a la nada misma”, expresa Saleme, mientras hace hincapié en los bajos costos que representa proveer del servicio eléctrico a estas familias. “Como decimos en el barrio, es palo y cable”, aseguró.
Primero con el registro, luego con el certificado, y ahora, mediante mesas populares, se organizan para pedir por acciones concretas, como el freno a los desalojos, la regularización de la posesión dominial y la instalación de servicios. 
El Plan de Emergencia Eléctrica presentado ante las autoridades provinciales forma parte de las medidas que apuntan a regularizar la situación eléctrica de más de 50 mil salteños.
“Están hacinados, les es imposible acceder por el mercado formal a un terreno. No les queda otra alternativa que asentarse en algún lugar. Su vida debe desarrollarse en alguna parte”, reflexionó Saldaño, e invitó a “pensar alternativas y trabajar en conjunto”.