La ex presidenta Cristina Kirchner volverá a presentarse mañana en los tribunales federales de Comodoro Py, donde fue convocada para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que tiene detenido al empresario Lázaro Báez.
   La senadora nacional había intentado dejar sin efecto la citación, pero este lunes la Cámara Federal porteña rechazó el planteo que hizo contra los jueces de ese tribunal que habían dispuesto su indagatoria.
   Fuentes judiciales informaron a NA que los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens rechazaron por "improcedente" el pedido de recusación en su contra formulado por la defensa de la líder de Unidad Ciudadana, por lo que quedó ratificada la indagatoria prevista para este martes a las 10.30.
   Los dos camaristas le habían ordenado al juez federal de primera instancia Sebastián Casanello que citara a la ex mandataria a declaración indagatoria en el marco de la causa por las maniobras de lavado de dinero realizadas a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".
   Hasta el momento, Casanello había evitado llamar a la senadora, pese a los pedidos en ese sentido del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en el caso, ya que considera que Cristina Kirchner es investigada por los mismos hechos en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Báez.
   Esta causa por lavado de dinero en gran parte está elevada al Tribunal Oral Federal 4, que va a fijar fecha de juicio a fines de octubre próximo, y allí hay unas veinte personas imputadas, entre ellas Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.
   Todos están acusados de formar una banda dedicada al lavado de activos, a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI.
   Por el caso, Báez se encuentra detenido desde abril de 2016, luego de que se conociera un video de "La Rosadita" en el que se veía a su hijo Martín y a otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares.
   Para los jueces, "se corroboró suficientemente la existencia de una estructura conformada por Báez que entre el 2010 y 2013 canalizó fondos de origen ilícito a través de una ingeniería financiera, que posibilitó la expatriación de una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego la repatriación parcial de unos treinta y dos millones de esa moneda que terminaron contabilizados en Austral Construcciones S.A. además de la adquisición de bienes y servicios".