El Presupuesto 2019 presentado ayer por el Gobierno nacional estipula un ajuste de $358.039 millones en el resultado fiscal primario, ahorro que se utilizará en un 54% para pagar casi $200.000 millones más en intereses, la segunda partida más voluminosa de la ley de leyes después de las jubilaciones y pensiones.
De acuerdo al texto girado al Congreso, los gastos destinados a los servicios de deuda subirán un 49% respecto al 2018, al totalizar $593.016 millones. A pesar de que el oficialismo planteó que el año que viene habrá "déficit 0", el rojo financiero trepará a más de $600.000 millones, lo que implicará una mejora del 21% frente al registrado en el Presupuesto anterior.
Estos números reflejan la peligrosa dinámica en la que entró el endeudamiento del sector público y que el propio Gobierno reconoce en la ley de leyes. Es que por la suba en el tipo de cambio, el stock de los pasivos se disparó más de 30 puntos en relación del PBI, al pasar de 57,1% a 87% del producto.
En ese sentido, el Ejecutivo introdujo una llamativa modificación al artículo 65 de la ley 24.156, que establece que las reestructuraciones deben implicar una mejora en las condiciones ya sea en los plazos, los montos o la carga de intereses. Sin embargo, el Presupuesto 2019 plantea que un eventual canje ya no deberá cumplir con dos de esos tres requisitos sino que podrá llevarse adelante "atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero".

Efecto dólar a $40

Las proyecciones que figuran en la ley de leyes en relación al año próximo incorporan el efecto macroeconómico de la devaluación, el nuevo piso del dólar en $40 y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. El ministerio de Hacienda pronostica un tipo de cambio de $40,10 en 2019 y una inflación promedio del 34% que, medida "punta a punta" en diciembre arrojaría un alza en el índice de precios del 23%, "significativamente por debajo de la de 2018", que ya sumó 34% hasta agosto.
Esto implicaría una baja en el tipo de cambio real multilateral del 8%, desde los niveles "máximos" que consiguió actualmente con la suba sin respiro del dólar.
Según el Presupuesto, de esta manera se conseguirá una mejora en la balanza comercial, que volverá a tener superávit por unos u$s5.800 millones, por un avance del 19% en las exportaciones, muy superior al 2,3% que subirían las importaciones. Así, el déficit de cuenta corriente se reduciría un 50% desde los u$s22.400 millones de este año hasta llegar a los u$s9.900 millones el año que viene, gracias a un tipo de cambio más competitivo y la recuperación de los envíos a Brasil y del sector agrícola.

El PBI caerá el 2,4% y el consumo 3,4%

En cuanto al nivel de actividad, el Gobierno admite que el PBI caerá 2,4% este año y 0,5% en 2019. En este punto enumera, como es habitual, el impacto de la sequía, la suba de tasas en Estados Unidos, la guerra comercial entre esa potencia y China, la salida de fondos de los emergentes, el alza en el precio del petróleo, combo al que luego suma "la causa judicial de los cuadernos de la corrupción agravó el problema de financiamiento para los proyectos de infraestructura".
En ese marco, para el año que viene se prevé una baja del consumo privado del 1,6%, del 3,4% para el consumo público y un retroceso de la inversión de 9,7%.
Lo cierto es que en la ley de leyes se autoriza al Ejecutivo a realizar gastos por $4,172 billones, de los que más del 60% son "servicios sociales". En tanto, los recursos suman $3,572 billones y la autorización para endeudamiento para cubrir el déficit y amortizar deuda, otros $3 billones.

El ingreso tributario que más crecerá son los derechos de exportación que, al volver a aplicarse, permitirán sumar a las arcas públicas $431.651 millones, un 200% más. Serán la tercera fuente en importancia después del IVA y el impuesto a las Ganancias.

Por el lado de los gastos, las jubilaciones y pensiones subirán un 37,6%, mientras que los subsidios económicos caerán un 6,7% y las transferencias corrientes a provincias, un 17,5%. Por su parte, los gastos de capital retrocederán 8,6%.

Por otro lado, el artículo 38 establece que los jubilados que estén percibiendo la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), no podrán desempeñarse "en relación de dependencia o por cuenta propia".

Se prevé que en abril o mayo se comience a rematar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para hacer frente a la "reparación histórica".
 

Fuente: BAE Negocios